Quien administra el espacio público es el gobierno municipal. Así lo consignó la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) vía comunicado para desmarcarse del conflicto que se ha generado entre los comerciantes ambulantes y la administración en pugna por el parque más antiguo de la entidad. La dependencia Federal acotó que su competencia se limita a revisar, normar y si procede, autorizar los proyectos que se pretenda ejecutar dentro del perímetro que marca la zona de monumentos y sitios históricos del corazón capitalino “El uso del suelo en general y el uso de los espacios públicos, es materia de competencia exclusiva de la autoridad municipal de acuerdo con lo que dispone el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, no es materia de competencia del Instituto el autorizar el comercio en la vía pública en general y en particular en el espacio que nos ocupa”.
Lo anterior, surge por que en algunas de las entrevistas que el edil capitalino Marcos Aguilar ha concedido a los medios, declaró que el INAH ya no autorizará la colocación de los carritos de mercancía que por casi 20 años coptaron la fachada principal de La Alameda Hidalgo. Dentro del comunicado, la delegación expresa que desde la primera vez que se instalaron los comerciantes en la acera norte, se sugirió por parte del Instituto que fuera algo “Temporal” en lo que las autoridades municipales podían encontrar opciones para colocar a los comerciantes de forma definitiva en otro punto con el fin de asegurar la libre utilización y el cabal disfrute del espacio público “Así como la libre apreciación del monumento histórico con visibilidad desde el interior y exterior. En aquel entonces se recomendó y se logró eliminar los toldos, estructuras, puestos y tenderetes que contaminaban el espacio desde el punto de vista visual y de libre circulación”.
Dentro del comunicado, el INAH expresó que fue el municipio quien dentro de sus atribuciones decidió retirar a los comerciantes de la Alameda. Añadieron que fue a “Solicitud” de la propia administración capitalina que la delegación Federal estableció la conveniencia de que el espacio se mantuviera libre de construcciones de toda índole que modificaran o deformaran el diseño del monumento.
Por último, la dependencia reiteró su absoluto respeto y cumplimiento a las determinaciones judiciales, aclarando que su competencia es únicamente la de vigilar y conservar el patrimonio histórico.
POR: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ
