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Salinas y Calderón, imputados

ESTRICTAMENTE PERSONAL

por Raymundo Riva Palacio
17 agosto, 2020
en Editoriales
El reguilete de Lozoya

 

Emilio Lozoya se convirtió en el instru­mento útil del presidente Andrés Ma­nuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que define como “neoliberal”. El primero en ser pues­to ante el escrutinio público, que aún no judicial, fue Enrique Peña Nieto, y ahora se sabe que no fue el único. El ex director de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno a cambio de su libertad y su dinero, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.

Las acusaciones se encuentran contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya y de la que dio a conocer Gertz Manero de mane­ra escueta, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranje­ros en el sector energético durante el periodo en que fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.

Ni Salinas ni Calderón figuraban en los seña­lamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, an­tes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Tre­jo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lo­zoya Thalman, directamente con Coello Trejo pa­ra pactar qué diría y contra quién iría. Las prue­bas que dijo tener para soportar sus dichos, las deberá presentar formalmente durante el juicio.

Salinas ha estado en la mira de López Obra­dor por muchos años, pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribu­ción y difusión de los videos donde su secretario particular cuando era el jefe de Gobierno del en­tonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero y colocando ligas a 250 mil pe­sos y metiéndolos a una bolsa de papel, del em­presario argentino naturalizado mexicano, Car­los Ahumada. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el hoy Presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.

Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran- amigos desde la universidad, y fueron par­te del mismo proyecto político. Más aún, cuan­do en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en su contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces aseguraba Lozoya Thalman que su hijo tenía como prueba de su inocencia, “muchos videos”.

Salinas, en efecto, fue cabildero de inver­sionistas extranjeros durante el sexenio de Pe­ña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones. Cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o al­tos funcionarios para concretar negocios, ha­bló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ga­nara la candidatura presidencial. El ex direc­tor de Pemex, por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre, fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.

Con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, pero es el ex­presidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegí­timo que Calderón hubiera pedido a su enton­ces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aun­que esas mesas eran parte de un método de go­bierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de Mé­xico, para que los proyectos prioritarios del go­bierno, no se detuvieran.

El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía du­rante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sec­tor petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó “Proyecto Fénix”. Calderón ha defendi­do recientemente el valor y la utilidad del Pro­yecto Etileno XXI.

Funcionarios federales dijeron que la princi­pal acusación es que Calderón autorizó un pre­cio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un sub­sidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y ase­gura que el precio del gas lo establecía una fór­mula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nun­ca interrumpió la relación fluida como direc­tor de Pemex, pero José Antonio González Ana­ya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.

Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar, señalará, provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resol­vió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevan­te. Lo que importa para el gobierno es llevar an­te el juez a Calderón, que le ganó la Presiden­cia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, que nunca pudo probar le cometie­ron fraude.

[email protected]

twitter: @rivapa

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Etiquetas: Alejandro Gertz ManeroANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOREmilio LozoyaEnrique Peña NietoPEMEX
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