DESDE LOS BALCONES
El Cimatario, estafa residencial rentistica
Hablemos claro y no a medias, sobre el interés público federal que se tutela con El Parque Nacional del Cimatario, cuya extensión de más de 2.4 millones de metros cuadrados.
Se pretende engañar a la opinión pública de Querétaro. ¿De qué manera? Primero, se oculta que el 1994 un funcionario federal fue quien firmó un “Acuerdo de Coordinación” concediéndole la administración del Parque Cimatario al Gobierno del Estado, según oficio del 21 de noviembre de 1996 dirigido al delegado de la Semarnap Jaime Zúñiga Burgos.
Ya EL PAN Y PRI HABIAN FIRMADO EL FOBAPROA, conjuntamente. ¿Entonces no les pareció mal que la federación “vulnerara”, como suelen afirmar falsamente, el pacto federal tan invocado y de moda ahora, según conveniencias?
El Gobierno del Estado de Querétaro tiene la administración del Cimatario, pero no ad Perpetuam, como tampoco dicho acuerdo le concede derechos reales y otra naturaleza que afecten la integridad del Parque Cimatario.
¿Se ha administrado correctamente, conforme al decreto de su creación declarándolo Parque Nacional? Está visto que no es así. Porque a la vista parte de sus espacios han sido afectados por particulares, bajo distintos modos y formas enmascaradas, al extremo de que el Cimatario hoy sirve de servidumbre a diversos intereses inmobiliarios.
Y aquí no cabe la discrecionalidad de ninguna autoridad local para alterar el interés público nacional del Cimatario.
Existen pozos profundos, cuyos caudales no sirven al Cimatario, sino a fines distintos al mismo. Eso ya entraña violaciones y delitos de orden federal para quien los autorizó, equipó y explota. Nada está claro.
Extraño, muy extraño resulta, que quienes tienen a su cargo el acuerdo de administración del Cimatario, no refrendado a la fecha, aleguen derechos de servidumbre en contra del interés del Cimatario. ¿En dónde y en favor de quienes existen estas dudosas e inexistentes servidumbres y, en cambio nadie vela por la conservación del Parque Nacional?
Algunos intereses residenciales de fraccionadores que se han creado y crecido a los alrededores del Cimatario, son los que dictan las políticas en materia de uso de suelo y otros usos de la tierra que afectan y pretenden extenderse sobre la totalidad del Cimatario, partiéndolo por la mitad.
Quien esto haga y quienes esto autoricen o hayan autorizado cometen un delito federal y las dependencias del caso deben tomar nota y es obligación turnarlo a las autoridades competentes, desde luego federales, no locales. ¿Por qué no se ha hecho así? Sólo dios Pancho lo sabe y sus guardianes celestiales, que cobran rentas y prediales, etc.
Pueden “chamaquear” al Cimatario y a algunas organizaciones ecológicas, pero es difícil que puedan hacer lo mismo con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México.
De esto se trata, al parecer, de presentarle al Poder Federal hechos consumados “irrevocables”, mediante no se sabe qué enredos.
Quienes protocolicen esos actos y las partes que en ello intervengan cometen graves infracciones a las Leyes Federales y yo creo que ha llegado el momento, no sólo de reelegir presidencias y legislaturas locales, sino también de someternos todos a la legalidad constitucional en que se enmarca las tierras del Cimatario, Parque establecido por Decreto Federal y que no ha sido derogado. NI LO SERA. AL TIEMPO.
No engañe señor Del Prete, no se exceda en sus atribuciones diciendo lo que usted mande y guste. Usted no puede decidir por sí y ante sí sobre una obra que, en todo caso sería federal, mediando recursos públicos, dineros federales, ¿o acaso particulares?