Al solicitar Rubén Rocha Moya licencia definitiva para que hoy el pleno del Congreso estatal elija a un gobernador interino, tras el reto al Gobierno y su partido, no solo sacudió a la nomenclatura de Morena, reveló los serios desacuerdos en la cúpula de la coalición gobernante.
El affaire lo detonó la detención de Fausto Corrales, quien como chofer del asesinado exrector de la universidad sinaloense sabe bien del rol de Rubén Rocha Moya en el secuestro del Ismael “el mayo” Zambada y expondrá el pecado original de la sucia elección de 2021.
En el pecado lleva Morena la penitencia de arropar a Rocha Moya, al extremo de comprometer la relación con Washington por proteger la imagen del régimen lopezobradorista y expuso la crisis interna, confirmando el axioma de que, en política, muchos de los problemas de hoy son resultado de soluciones expeditas del pasado.
Pausarán la Ley de comunicación
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sugirió durante la mañanera en que suplió a la Presidenta que estaba enferma, que la propuesta del derecho de las audiencias de la ley de comunicación propuesta por el Gobierno “se quedó corta”, pero ha sido un avance.
Pareciera que, como se dijo en este espacio, por ahora “la revolución de las conciencias” se daría por bien servida con haber puesto en el escaparate de la opinión pública el derecho de las audiencias y el crucial requisito de los códigos de ética.
No es logro menor, pues son la clave del control que el Gobierno pretende sobre los medios electrónicos al vigilar el cumplimiento de los códigos de ética, ya que, de acuerdo a la propuesta de la ley, las sanciones de las autoridades son la espada de Damocles para presionarlos.
Diputados se niegan a Reforma Judicial
La nomenclatura de Morena está en un dilema constitucional, pues ante la inminente elección del nuevo Presidente de la Suprema Corte de la Nación para suceder a Hugo Aguilar, deben resolver las contradicciones que “la revolución de las conciencias” dejó en la Constitución.
El articulo 94 prescribe que el titular de la presidencia de la Suprema Corte sea rotatorio, de modo que cada dos años todos los ministros pueden encabezar el máximo tribunal, lo cual hace, para los propósitos del oficialismo, alto inaceptablemente aleatorio.
El 92 constitucional, dice que el pleno de los ministros elegirá al titular de la Suprema Corte, y será el gobierno quien resolverá el dilema, pues la mayoría de los diputados morenistas se niegan a hacerle cambios a a la Reforma Judicial.
NOTAS EN REMOLINO
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