Esta semana estuve en León, Guanajuato, en una mesa poco común: la Comisionada para el Saneamiento y Restauración del Río Lerma-Santiago, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato, CONAGUA, organismos operadores y las cámaras industriales sentados para hablar de un mismo problema, la contaminación de sus ríos. Me tocó presentar, junto con un equipo técnico, una propuesta para sustentar su restauración ecológica. Más de uno se preguntó qué hacía ahí una queretana. La respuesta cabe en una palabra: cuenca.
El agua no conoce fronteras estatales. El río Querétaro baja hacia Apaseo, se une al Laja y el Laja entrega sus aguas al Lerma justo antes de Salamanca. Una parte importante de nuestro territorio, incluida la zona metropolitana, pertenece a la cuenca Lerma-Santiago, un sistema que recorre 1,360 kilómetros y del que dependen más de 21 millones de personas en seis estados. Lo que hacemos o dejamos de hacer en Querétaro no se queda en Querétaro. Río abajo, alguien lo recibe.
Lo que encontramos en Guanajuato debería preocuparnos a todos. De acuerdo con la red de monitoreo de CONAGUA, el 86 por ciento de los sitios de medición de calidad del agua en ese estado está en rojo. En el río Turbio, los 25 sitios monitoreados lo están. En el Temascatío, los cinco. Y no es una noticia nueva: desde los años noventa hay registros de cromo en el acuífero del valle del Turbio, y en 2015 se documentaron hidrocarburos, PCB y metales pesados en el Lerma a su paso por Salamanca. Llevamos décadas sabiendo que estos ríos están enfermos.
Por eso el planteamiento que llevamos parte de una idea sencilla: lo que falta ya no es reconocer el problema, sino tener evidencia propia, actual y con validez legal para actuar. La Ley General del Equilibrio Ecológico permite declarar zonas de restauración ecológica cuando hay procesos acelerados de degradación y pérdida de recursos de muy difícil regeneración. Ya hay precedentes, como la presa Endhó en Hidalgo, declarada en 2024. Pero un decreto así necesita un estudio que lo sostenga: medir las descargas y su origen, la calidad del agua y de los sedimentos, el estado de las riberas, la vida que todavía queda en el río y el comportamiento hidráulico del cauce. Del dato en campo al polígono que se protege.
Hubo algo que me pareció especialmente valioso de esta reunión: la industria estaba en la mesa. Durante mucho tiempo, la conversación sobre los ríos contaminados ha sido una conversación de culpables. Y el señalamiento, aunque a veces sea justo, rara vez limpia un río. Lo que sí funciona es la certeza. Saber con precisión de dónde viene el daño permite invertir bien en sanearlo, ordenar las acciones por su peso real y que cada quien asuma la parte que le corresponde. Pasar de la culpa a la responsabilidad no es un eslogan; es la única ruta que ha dado resultados en las cuencas que se han recuperado en el mundo.
¿Qué nos toca a nosotros? Querétaro ha hecho un esfuerzo importante para planear su futuro hídrico, pero el saneamiento sigue siendo una de nuestras tareas pendientes. Cada litro de agua residual que no tratamos aquí es un litro que llega, tarde o temprano, al Laja y al Lerma. Si exigimos a otros que cuiden sus ríos, tenemos que empezar por el nuestro. Y si queremos seguir creciendo, tenemos que hacerlo al ritmo que nuestra agua lo permite, con reglas claras para todos.
También hay una lección institucional. Los ríos no se recuperan con esfuerzos aislados de un municipio, de un estado o de una dependencia. Se recuperan cuando la Federación, los estados, los organismos operadores, la industria, la academia y la sociedad trabajan sobre la misma información y con el mismo objetivo. Lo que vi en León fue un primer paso en esa dirección, y Querétaro debería estar presente en esa conversación, no como invitado, sino como parte de la cuenca que somos.
Un río que ya no puede recuperarse solo necesita que nos pongamos de acuerdo. El Lerma es de todos los que vivimos en su cuenca, y su rescate también. El agua es un derecho de todos, y también una responsabilidad de todos.
