SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ
El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, Jesús Eduardo Vázquez Rea, auto de vinculación a proceso contra José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El impartidor de justicia además decretó prisión preventiva oficiosa contra Rico y Vargas, por lo que permanecerán recluidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Lo anterior, luego de que el pasado 9 de septiembre, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron en contra de ambos una orden de aprehensión, solicitada y obtenida por el representante social federal.
Por tales hechos, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, decretó prisión preventiva oficiosa y los imputados quedaron internos en el Reclusorio Preventivo Norte; se otorgaron seis meses de plazo de investigación complementaria.
El nombre de José Antonio Rico, conocido hombre de negocios y financiero de políticos de diversos partidos, es mencionado constantemente en la carpeta de investigación integrada FGR contra Juan Collado.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa fue quien denunció ante la FGR a Collado y el resto de los detenidos.
Como se recordará, Rico Rico y Vargas Hernández fueron acusados por su compadre Bustamante Figueroa –en la causa penal FED/SIEDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 abierta por la Fiscalía General de la República (FGR)– de haber suplantado su identidad para vender activos en la ciudad de Querétaro, Querétaro, principalmente el edificio que albergaba el corporativo de Libertad Servicios Financieros en centro sur.
Según los fiscales que vincularon y pidieron la prisión preventiva a Collado Mocelo, desde el año 2010, Bustamante Figueroa, en compañía de José Antonio Rico Rico, expresidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, constituyeron las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera (conocida como Cajas Libertad) “para simular operaciones financieras y blanquear recursos”.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Collado, quien fue aprehendido el pasado 9 de julio, forma parte de un grupo de personas que el 25 de marzo de 2015 supuestamente simuló la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro, por 156 millones de pesos.
Al poco tiempo de concretarse esta operación, el 10 de abril del mismo año, la empresa Operadora de Inmuebles del Centro -que vendió el edificio a la sociedad financiera popular- transfirió 24 millones de pesos a Collado, señala la imputación.
Quien vendió el inmueble a Caja Libertad fue José Antonio Vargas Hernández, gracias a un poder para actos de dominio, administración y pleitos y cobranzas que le otorgó José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, inscrito como accionista de Operadora de Inmuebles del Centro.
El expediente agrega que tanto el dinero de la venta del edificio como las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro, fueron sustraídos ilegalmente por Collado, y retirados a través de varias empresas de Rico Rico.
El denunciante mencionó como socios de Caja Libertad al expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, señalados de participar en una operación de lavado de activos y blanqueo de recursos.
