REIVINDICADAS

El procurador dijo que a pesar de que no se pudo comprobar la participación de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en los delitos que se les imputaron, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad. La PGR les ofreció una indemnización por el daño causado. FOTO: PGR
El procurador dijo que a pesar de que no se pudo comprobar la participación de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González en los delitos que se les imputaron, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad. La PGR les ofreció una indemnización por el daño causado. FOTO: PGR

CIUDAD DE MÉXICO.– El procurador general de México, Raúl Cervantes, reconoció la inocencia de tres mujeres indígenas acusadas falsamente de secuestro y encarceladas durante más de tres años, en un inédito acto de disculpa pública realizado en el Museo Nacional de Antropología.

Cervantes hizo el reconocimiento de la inocencia de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron responsabilizadas sin pruebas de haber secuestrado a seis policías de la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2006, en un proceso repleto de irregularidades.

Aunque recuperaron su libertad hace unos siete años, no dejaron de luchar desde entonces por el reconocimiento de su inocencia, que hoy se concretó en un acto de especial relevancia por ser el primer evento de esta naturaleza en acatamiento a una sentencia emitida por tribunales nacionales.

Actos pasados de disculpa pública han sido ordenados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Jacinta Francisco Marcial, reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos de los que se le acusó y por los que pasó tres años en prisión”, dijo el procurador a la primera de las mujeres otomíes.

Asimismo, se comprometió a que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) trabaje con transparencia y rigor para que “no vuelvan a ocurrir casos de este tipo”.

Luego, al dirigirse a Alberta y Teresa, Cervantes reconoció que la PGR “hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó un daño moral”.

El fiscal, quien recibió gritos y abucheos durante sus intervenciones, destacó que las tres mujeres fueron privadas injustamente de su libertad y que “ningún acto público podrá regresarles el tiempo perdido”.

Teresa, quien crió a su hija recién nacida durante su estancia en la cárcel, aseguró que la privación de libertad cambió “por completo” la vida de las tres indígenas, ya que no sabían por qué las estaban deteniendo.

“Estos 11 años de lucha nos han hecho tener la fuerza para seguir luchando con nuestra familia y amigos. Para mí, esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos 11 años de lucha”, declaró.

También pidió al procurador que se comprometiera a que algo así “no vuelva a suceder, que las autoridades no fabriquen pruebas, que más personas no vayan a parar injustamente a la cárcel por delitos que no cometieron”.

A su vez, Alberta tuvo que parar su discurso ya que empezó a llorar, momento en que público asistente a un auditorio del Museo, lleno a rebosar, la arropó con aplausos y gritos de apoyo.

“Al salir de prisión no fue nada fácil volver a la sociedad. No se queden callados, abran, busquen; siempre hay alguien que les puede ayudar, siempre hay una pequeña luz en el camino”, apuntó.

Jacinta aseguró que fue a la cárcel tres años y dos meses “por decir la verdad”. “Yo nunca pensé que iba a estar tres años. ¡Yo ni vendía, yo ni estaba allí!”, subrayó.

Emocionada, recordó la primera vez que entró en la cárcel: “Lloraba en ese momento porque pensé ¿Qué hice para estar en este lugar? Siempre se habla del infierno; yo pensé que viví en ese momento en el infierno”, lamentó.

“Ojalá que a todos los que salgan (después de haber sido encarcelados) injustamente se les pida perdón porque yo creo que eso es lo que necesitamos”, dijo Jacinta, quien subrayó que no estaba contenta pese a las disculpas por parte del procurador.

El 6 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI despojaron a varios comerciantes de sus mercancías en el mercado ambulante de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, alegando que se trataba de piratería.

Los comerciantes exigieron a los agentes la exhibición de la orden que avalara sus acciones. El jefe regional de la AFI y un representante de la PGR acudieron al pueblo para dialogar.

El mismo día, todos los agentes dejaron la comunidad después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados. Además, se comprometieron por escrito a no molestar a los pobladores.

Cinco meses después, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los seis agentes.

Las tres rindieron su declaración sin la asistencia de un intérprete que conociera su cultura y hablara la lengua hñáhñú. Fueron condenadas a más de 21 años de cárcel.

Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra.

Alberta y Teresa fueron excarceladas el 28 de abril de 2010 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera revocar las sentencias y declararlas inocentes.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó en sentencias separadas que funcionarios de la PGR actuaron de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales las tres mujeres, ordenó que se les indemnizara, se reconociera su inocencia y se les ofrecieran disculpas públicas. efe

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