Las firmantes, rectoras de universidades públicas y privadas, acusaron que México se ha convertido en tierra de nadie
FERNANDO VENEGAS
Rectoras de universidades públicas y privadas, alzaron la voz para que los representantes del los tres poderes escuchen la demanda generalizada y que actúen en contra de la violencia hacia las mujeres. En una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, diputados, gobernadores, alcaldes y a la sociedad en general, las firmantes acusaron que México se ha convertido en tierra de nadie; En un país donde los crímenes hacia las mujeres se han normalizado. Afirmaron que el asesinato de la Licenciada Guadalupe Martínez Aguilar, al interior de una institución educativa en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, visibilizó la vulnerabilidad de los espacios educativos “¿Qué garantías tenemos las mujeres hoy en México, si no existe un lugar en el espacio cotidiano donde estemos seguras? ¿Cómo podemos hablar de que en México la familia es la frontera?, mientras sabemos que las niñas y las mujeres seguimos viviendo violencia al interior de nuestros hogares, atrapadas por el confinamiento y la cultura naturalizada de la violencia?”.
En el documento, se expone que desde la década de los noventa, se dejaron escalar los asesinatos que ocurrían en Ciudad Juárez, Chihuahua, asumiendo que aquella ciudad estaba muy al norte. Que los crímenes ocurrían mayormente a mujeres de estratos humildes “En una lógica enferma, discriminatoria, racista y clasista que las consideró desde entonces, cuerpos prescindibles”. Exigen que de una vez por todas, cumplan su obligación de garantizar seguridad, igualdad y paz a las mujeres mexicanas.
Las cabezas de siete instituciones de educación superior, expusieron que aún cuando México se encuentra adherido a convenciones y tratados internacionales en pro de los derechos de la mujer, nada ha cambiado en la realidad. Refirieron que el país es como un vidrio que se fisuró en el norte, y a nadie se le ocurrió pensar que, como consecuencia del abandono de las mujeres asesinadas, el vidrio seguiría resquebrajándose hasta destruirse por completo “Hoy, pasa en todos los espacios, también en nuestras universidades y a mujeres de todas las clases, niveles, formaciones, extractos”.
Advirtieron que no se callarán, ni habrán de sumarse al egoísmo y las políticas públicas de los gobiernos que se niegan a reconocer el aumento del gravísimo problema de la violencia de género y su expresión más cruda que se refleja en el creciente número de feminicidios. De igual forma, hicieron un llamado a defender a sus alumnas, quienes ni en tiempos normales pueden salir de casa para ir a la universidad, tomar transporte público, cruzar las calles, sin el miedo a ser objeto de algún crimen e incluso, soportar al interior de los planteles acoso y hostigamiento “Pensemos en nuestras maestras. En nuestras compañeras de las áreas administrativas y de intendencia. Pensemos en nosotras, en nuestras alumnas y nuestras hijas. ¡Ninguna está libre de ser víctima de violencia!”.
Por último, declararon que desde su trinchera universitaria, no se callarán. Que seguirán señalando la inequidad: Sumándose a la lucha de las mujeres y hombres que aún buscan a sus hijas e hijos desaparecidos “Fortaleceremos la lucha que antes del confinamiento crecía expresando a gritos en las calles o en el silencio de nuestra ausencia el derecho a la igualdad”.
A nivel nacional, entre enero y mayo del 2020, mil 618 mujeres fueron asesinadas. Ello representa un incremento del 5.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. Así lo expone el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se advierte que del total de mujeres muertas durante 2020, mil 233 casos fueron catalogados como homicidio doloso y las restantes 385 como feminicidios. En el mapa de los crímenes contra mujeres, se observa que el homicidio doloso subió 9.4 por ciento. Y es que entre enero y mayo de 2020 hubo mil 233 víctimas, y en el mismo periodo de 2019 fueron mil 127.
Colima es la entidad donde mayor número de homicidios y feminicidios se registran por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 9.6 homicidios dolosos y 1.52 feminicidios. En cuanto al feminicidio el resto de estados que forman en Top Ten de incidencia son Morelos (1.52), Nuevo León (1.7), Puebla (.82), San Luis Potosí (.82), Veracruz (.80), Nayarit (.78), Durango (.74), Baja California (.71), Quinta Roo (.70), Sinaloa (.69), Sonora (.65), Ciudad de México (.62) y Oaxaca (.60).
En el caso de los homicidios dolosos, el resto de entidades con alta incidencia son Guanajuato (6.8), Chihuahua (6), Baja California (5.7), Michoacán (4.2), Zacatecas (4.1), Guerrero (3.4), Quinta Roo (3.2), Jalisco (1.9) y Morelos (1.9).
Firmaron la Dra. Teresa García Gasca por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dra. Sara Ladrón de Guevara González representante de la Universidad Veracruzana, Dra Sylvia Paz Díaz Camacho de la Universidad Autónoma de Occidente, Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña en voz de la Universidad Autónoma Indígena de México, la Dr.a Silvia Giorguli Saucedo, Presidenta del Colegio de México, la Mtra, Carmen López-Portillo Romano de la Universidad Claustro de Sor Juana, así como la Dra. Ana Priscila Sosa Ferreira , Rectora de la Universidad del Caribe.
FACTORES PARA CALIFICAR UN ASESINATO COMO FEMINICIDIO
El asesinato de una mujer se considera como feminicidio, según el Código Penal, cuando se incurre en alguna de las siguientes particularidades de género:
– La víctima presenta signos de violencia sexual.
– A la víctima se le infligieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
– Existen antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar del señalado en contra de la víctima.
– La persona tuvo una relación sentimental, afectiva o de confianza con el supuesto feminicida.
– Que se hayan presentado amenazas relacionadas con el delito, lesiones o acoso del acusado contra la víctima.
– Que la afectada haya sido incomunicada previo al delito.
– El cuerpo fue expuesto o exhibido en un lugar público.
“El servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, destaca el Código Penal.
El 18 de enero, la Cámara de Diputados aprobó que se modifiquen las penas mínima y máxima para este delito. El proyecto se turnó al Senado para su discusión.
El documento avalado por los diputados establece que la pena mínima por feminicidio pase de 40 a 45 años y la pena máxima de 60 a 65.
