RECTORAS ALZAN LA VOZ

Las firmantes, rectoras de universidades públicas y privadas, acusaron que México se ha convertido en tierra de nadie

FERNANDO VENEGAS

Rectoras de universidades pú­blicas y privadas, alzaron la voz para que los representan­tes del los tres poderes escu­chen la demanda generaliza­da y que actúen en contra de la violencia hacia las mujeres. En una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obra­dor, diputados, gobernadores, alcaldes y a la sociedad en general, las firmantes acu­saron que México se ha convertido en tie­rra de nadie; En un país donde los críme­nes hacia las mujeres se han normalizado. Afirmaron que el asesinato de la Licencia­da Guadalupe Martínez Aguilar, al inte­rior de una institución educativa en el mu­nicipio de Emiliano Zapata, Veracruz, vi­sibilizó la vulnerabilidad de los espacios educativos “¿Qué garantías tenemos las mujeres hoy en México, si no existe un lugar en el espacio cotidiano donde este­mos seguras? ¿Cómo podemos hablar de que en México la familia es la frontera?, mientras sabemos que las niñas y las mu­jeres seguimos viviendo violencia al inte­rior de nuestros hogares, atrapadas por el confinamiento y la cultura naturaliza­da de la violencia?”.

En el documento, se expone que des­de la década de los noventa, se dejaron es­calar los asesinatos que ocurrían en Ciu­dad Juárez, Chihuahua, asumiendo que aquella ciudad estaba muy al norte. Que los crímenes ocurrían mayormente a mu­jeres de estratos humildes “En una lógica enferma, discriminatoria, racista y clasis­ta que las consideró desde entonces, cuer­pos prescindibles”. Exigen que de una vez por todas, cumplan su obligación de ga­rantizar seguridad, igualdad y paz a las mujeres mexicanas.

Las cabezas de siete instituciones de educación superior, expusieron que aún cuando México se encuentra adherido a convenciones y tratados internacionales en pro de los derechos de la mujer, na­da ha cambiado en la realidad. Refirieron que el país es como un vidrio que se fisuró en el norte, y a nadie se le ocurrió pensar que, como consecuencia del abando­no de las mujeres asesina­das, el vidrio seguiría res­quebrajándose hasta des­truirse por completo “Hoy, pasa en todos los espacios, también en nuestras uni­versidades y a mujeres de todas las clases, niveles, formaciones, extractos”.

Advirtieron que no se callarán, ni habrán de su­marse al egoísmo y las polí­ticas públicas de los gobiernos que se nie­gan a reconocer el aumento del gravísi­mo problema de la violencia de género y su expresión más cruda que se refleja en el creciente número de feminicidios. De igual forma, hicieron un llamado a defen­der a sus alumnas, quienes ni en tiempos normales pueden salir de casa para ir a la universidad, tomar transporte públi­co, cruzar las calles, sin el miedo a ser ob­jeto de algún crimen e incluso, soportar al interior de los planteles acoso y hosti­gamiento “Pensemos en nuestras maes­tras. En nuestras compañeras de las áreas administrativas y de inten­dencia. Pensemos en noso­tras, en nuestras alumnas y nuestras hijas. ¡Ninguna está libre de ser víctima de violencia!”.

Por último, declararon que desde su trinchera uni­versitaria, no se callarán. Que seguirán señalando la inequidad: Sumándose a la lucha de las mujeres y hombres que aún buscan a sus hijas e hijos desapareci­dos “Fortaleceremos la lu­cha que antes del confinamiento crecía expresando a gritos en las calles o en el silencio de nuestra ausencia el derecho a la igualdad”.

A nivel nacional, entre enero y mayo del 2020, mil 618 mujeres fueron asesi­nadas. Ello representa un incremento del 5.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. Así lo expone el Secretariado Eje­cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se advierte que del total de mu­jeres muertas durante 2020, mil 233 ca­sos fueron catalogados como homicidio doloso y las restantes 385 como femini­cidios. En el mapa de los crímenes con­tra mujeres, se observa que el homicidio doloso subió 9.4 por ciento. Y es que en­tre enero y mayo de 2020 hubo mil 233 víctimas, y en el mismo periodo de 2019 fueron mil 127.

Colima es la entidad donde mayor nú­mero de homicidios y feminicidios se re­gistran por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 9.6 homicidios dolosos y 1.52 feminicidios. En cuanto al feminicidio el resto de estados que forman en Top Ten de incidencia son Morelos (1.52), Nuevo León (1.7), Puebla (.82), San Luis Potosí (.82), Veracruz (.80), Nayarit (.78), Du­rango (.74), Baja California (.71), Quin­ta Roo (.70), Sinaloa (.69), Sonora (.65), Ciudad de México (.62) y Oaxaca (.60).

En el caso de los homicidios dolosos, el resto de entidades con alta incidencia son Guanajuato (6.8), Chihuahua (6), Ba­ja California (5.7), Michoacán (4.2), Zaca­tecas (4.1), Guerrero (3.4), Quinta Roo (3.2), Jalisco (1.9) y Morelos (1.9).

Firmaron la Dra. Teresa García Gasca por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, Dra. Sara Ladrón de Gueva­ra González representante de la Univer­sidad Veracruzana, Dra Sylvia Paz Díaz Camacho de la Universidad Autónoma de Occidente, Dra. María Guadalupe Iba­rra Ceceña en voz de la Universidad Autó­noma Indígena de México, la Dr.a Silvia Giorguli Saucedo, Presidenta del Colegio de México, la Mtra, Carmen López-Por­tillo Romano de la Universidad Claustro de Sor Juana, así como la Dra. Ana Pris­cila Sosa Ferreira , Rectora de la Univer­sidad del Caribe.

FACTORES PARA CALIFICAR UN ASESINATO COMO FEMINICIDIO

El asesinato de una mujer se conside­ra como feminicidio, según el Código Pe­nal, cuando se incurre en alguna de las si­guientes particularidades de género:

– La víctima presenta signos de violen­cia sexual.

– A la víctima se le infligieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

– Existen antecedentes de violencia fa­miliar, laboral o escolar del señalado en contra de la víctima.

– La persona tuvo una relación senti­mental, afectiva o de confianza con el su­puesto feminicida.

– Que se hayan presentado amenazas relacionadas con el delito, lesiones o aco­so del acusado contra la víctima.

– Que la afectada haya sido incomuni­cada previo al delito.

– El cuerpo fue expuesto o exhibido en un lugar público.

“El servidor público que retarde o en­torpezca maliciosamente o por negligen­cia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será des­tituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o co­misión públicos”, destaca el Código Penal.

El 18 de enero, la Cámara de Diputados aprobó que se modifiquen las penas míni­ma y máxima para este delito. El proyec­to se turnó al Senado para su discusión.

El documento avalado por los diputa­dos establece que la pena mínima por fe­minicidio pase de 40 a 45 años y la pena máxima de 60 a 65.