Rafael Cardona

EL CRISTALAZO

¿Audacia, ignorancia o tribunal por encargo?

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Tamaulipas, cuyosnombres ya no merecen ni siquiera repetición, pues pronto se dirá deellos todo cuanto se deba con motivo de sus dislates y muestras demendacidad jurídica, simplemente no se pueden haber equivocado alextralimitarse en sus funciones, atropellar la Constitución y mandar alas instituciones a vivir al mundo de los sueños, cosa tan grave comoenviarlas al demonio.

Y afirmo la imposibilidad de sus errores, primero, por tratarse deaspectos tan sencillos como para no pasarlos por alto en una sentenciade 700 fojas, las cuales un 90 por ciento no son sino recortes deprensa y pegotes de otros documentos.

Después, como segundo punto de imposibilidad errática, está el absurdode descalificar a una institución (la PGR) y después pedirle laorganización sumisa y dependiente, de una Comisión de la Verdad fuerade toda posibilidad  jurídico.

Por eso la respuesta de la PGR fue tan limpia y simple como patear elbalón de los once metros del punto penal en un juego de futbol. Claro,siempre y cuando no lo intente Messi.

Por eso es importante analizar someramente, al menos el planteamientode la Procuraduría General de la República, en contra del cual ya sealzan las voces de los bien portados y los beneficiarios de Iguala (novíctimas reales, sino fauna de acompañamiento) favorables a laimaginaria comisión, para la cual ya hasta fondos se pidieron alCongreso, muchos de los cuales irían a dar a sus bolsillos.

Cada vez parece más claro el interés político de esta sentenciaabsurda. Como dice Diego Fernández de Cevallos: para hacer esto, sóloles faltó derogar la Ley de la Gravedad.

La respuesta de la PGR es impecable y contundente: no se puede cumplirlo imposible. Veamos:

“…La Procuraduría General de la República (PGR) se declaróincompetente para cumplir con la sentencia del Primer TribunalColegiado de Circuito de Tamaulipas, en la que se ordenó crear unaComisión de la Verdad para el caso Iguala, sobre la desaparición delos 43 normalistas de Ayotzinapa como resultado de la resolución deamparo 203/2017, y presentó un “incidente de imposibilidad real,jurídica y material’’.

“El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR,Alberto Elías Beltrán, en suplencia del Procurador, asumió esadeterminación después que la Conferencia Nacional de Procuración deJusticia (CNPJ), integrado por 32 Procuradores y Fiscales del país,cerraron filas ante el ordenamiento que hiciera el Tribunal del PoderJudicial de la Federación el pasado 31 de mayo.

“Dicha comisión debía ser integrada por representantes de las víctimas–familiares de los estudiantes desaparecidos-, la Comisión Nacional deDerechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, sinperjuicio de que pudieran integrarse organismos nacionales einternacionales, tanto públicos como privados, exigió el TribunalColegiado integrado por tres magistrados.

“En ese sentido, el Agente del Ministerio Público Federal presentóformalmente ante el mismo órgano jurisdiccional dicho recurso, por loque habrá de esperar la respuesta del órgano colegiado porquesimplemente no tiene la posibilidad para concretar el mandamientojudicial”.

Vale también recalcar en este sentido el pronunciamiento de laConferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada semanapasada en Acapulco, en la cual el coro de trompetillas para elpaticojo tribunal fue de antología.

Este párrafo resume el sentimiento de todos los procuradores dejusticia del país. Y no solo el sentimiento, también el conocimientojurídico, del cual, obviamente, no participan (por propia voluntad),los magistrados del Colegiado.

“…Es una clara contravención al texto Constitucional, pues vulnera elprincipio de supremacía Constitucional, el principio de ley, elprincipio de separación de poderes y desborda los efectos quecorresponden al juicio de amparo, trastocando la esencia delMinisterio Público”, dijo Víctor Antonio Carrancá, fiscal general dePuebla y vocero del CNPJ”. Por eso esta noticia es importante:

“…La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) rechazó,de manera unánime, la resolución que ordenó la reposición de todo elproceso de investigación del caso Iguala, y el establecimiento de lallamada Comisión para la Verdad y la Justicia.

“…En el caso concreto, no existe disposición alguna que facilite alPoder Judicial a subrogar la investigación y persecución de losdelitos, al margen de la distribución de funciones y competencias queexpresamente establece la Constitución”, señaló Víctor AntonioCarrancá…”

VOLPI

Con pertinaz insistencia, como zumba la mosca, Jorge Volpi promueve ensus colaboraciones periodísticas, su “novela criminal” sobre el casode Florence Cassez. Habla de su obra y, por extraño como parezca,elogia su propio trabajo. Como la mamá del cuervito.Pero a veces se equivoca: atribuye la libertad de la cómplice desecuestradores, a la presunción de su inocencia. Y eso es falso.

La norme falla del caso –y por eso la soltaron en medio de unescándalo binacional—, fue montar un escenario de captura enprovecho de la promoción personal de la policía (Cárdenas y GarcíaLuna). Pudieron montar una escena, pero invalidaron las pruebas por elatropello procesal.

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