De acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Querétaro es el cuarto lugar nacional en cuanto a mayores ordenamientos emitidos para transparentar información.
Según el estudio, la entidad queretana cuenta con 42 áreas municipales, 35 del poder ejecutivo, 19 sindicatos, tres fideicomisos y fondos, nueve partidos políticos, siete organismos autónomos, una institución de educación superior, un poder legislativo y otro judicial, además de dos autoridades administrativas que se encuentran obligadas a revelar información de carácter público si se hace una solicitud de acceso a las instancias correspondientes.
Por ello, el Organismo Garante (OG) de Querétaro tiene mayores índices de ordenamientos que se hace a sujetos obligados a dar respuesta a los accesos a la información; ya que en 26 de cada 100 solicitudes, el organismo garante gira la instrucción para que se realice de este modo.
Sin embargo, Querétaro es parte de las 16 entidades federativas que no cuentan con un Consejo Consultivo de Acceso a la Información, el cual debe de ser instaurado por el Congreso Local así como parte de la autoridad del OG, siendo este el Infoqro.
Al corte de 2022, fueron admitidos 248 recursos de revisión, siendo el órgano queretano el que tiene este indicador más bajo en todo el país; para Querétaro, durante ese año se destinaron 28 millones 600 mil pesos para la operación de dicha entidad, ocupando el lugar 16 como la entidad con mayores recursos obtenidos.
En 2022, de los 80 mil 43 recursos de revisión resueltos, 22 mil 309 fueron del instituto federal y 57 mil 734, de organismos estatales. Del total, 96.1 por ciento correspondió a acceso a la información pública y 3.9 por ciento a protección de datos personales.
En los ámbitos federal, estatal y municipal se recibieron 97 mil 444 recursos de revisión, y se resolvió el 82 por ciento. Se impusieron tres mil 843 medidas de apremio y mil 497 sanciones a personas servidoras públicas por el incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
