MARIO CARRANZA
La Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa de Jesús García Gasca, señaló ante lo ocurrido durante la manifestación social realizada frente a la CEA, en donde hubo tres personas detenidas, que el gobierno del estado debe asumir la responsabilidad.
Consideró que hubo un exceso en el uso de la fuerza pública para contener a los manifestantes que se inconformaron con la nueva Ley estatal de Aguas, y que bloquearon por varios minutos la circulación en avenida 5 de febrero.
García Gasca comentó que las detenciones y el actuar de elementos de la Policía Estatal fueron realizadas con poco apego a derecho; por lo que también exigió una sanción para los servidores públicos hayan cometido algún tipo de violación a los derechos humanos.
“Hay que asumir que sí hubo uso de la fuerza pública, que no hubo capacidad de conciliar, hayan sido las demandas como se hayan dado, hubo plantón o no, la forma en que se actuó es inadmisible, sí hubo uso de la fuerza pública y el gobierno debe de asumir esta responsabilidad y sancionar a aquellos elementos que se identifiquen que usaron la fuerza pública”.
La rectora informó que, derivado de estos hechos, la Universidad acompañó a los familiares de quienes fueron privados de su libertad, ya que desde su detención hasta las 19:00 horas del mismo viernes, la familia no tenía conocimiento de su paradero ni de su situación jurídica.
Asimismo, la académica aseguró que la ciudadanía se está manifestando ante una situación que es preocupante, al señalar que hay una crisis hídrica en el estado, que se suma a la desigualdad y a la falta de escucha por parte de gobierno del estado ante estas demandas.
Por ello, exigió que haya mesas de diálogo para evitar situaciones de violencia en algunos sectores sociales; pues consideran que la Ley de Aguas no brinda solución a las problemáticas en la materia. Afirmó que “parecería” que se busca acallar las voces en contra del dictamen.
“Hago un llamado al gobierno, al Gobernador del estado, a la Secretaría de Gobierno, a que se asuma esa responsabilidad, que se reconozca que hubo uso y abuso de la fuerza pública; y a la CEA, a que abra el diálogo, si no se abre el tema va a escalar, es momento de abrir el diálogo, de asumir responsabilidades y escuchar a la sociedad”.
