El Gobierno federal propuso a la CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y analizar la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para beneficiar a los titulares de cuentas individuales.
La propuesta fue presentada durante una reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezada por el director general del ISSSTE, Martí Batres, acompañado por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SEP, Mario Delgado.
De acuerdo con un comunicado de Segob, Batres explicó que la iniciativa surge de un diagnóstico sobre los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el régimen público y solidario de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por Afores privadas.
El funcionario destacó que PENSIONISSSTE, al ser la única Afore totalmente pública del País, “puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales“.
El Gobierno federal también planteó la posibilidad de crear una aseguradora pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.
Según el comunicado, “la creación de una Aseguradora Pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin”.
Consulta nacional definirá el nuevo sistema de plazas
En el encuentro, el Secretario de Educación reiteró el compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), mediante un proceso de consulta con el magisterio nacional.
En tanto, la Secretaría de Gobernación reiteró el respeto a la libre manifestación pacífica y pidió evitar afectaciones a estudiantes que se encuentran en la recta final del ciclo escolar.
La dependencia también condenó la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga”, así como las afectaciones a la movilidad y a las actividades comerciales derivadas de bloqueos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Finalmente, sostuvo que la actual Administración “no reprime, no amenaza y se manifiesta por el respeto a los derechos humanos”.
