Se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo del Parlamento Abierto sobre la nueva Ley de Agua en Querétaro
Durante el parlamento abierto para la nueva Ley de Agua de Querétaro, se llevó a cabo la tercera mesa de análisis con el tema “Costos, tarifas y participación ciudadana”, en la que se contó con la participación de organizaciones civiles, pueblos originarios, académicos y especialistas en el tema; esto, como parte de los trabajos de Comisiones Unidas de Seguimiento de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, Asuntos Municipales, Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, y Medio Ambiente y Cambio Climático.
Esta mesa estuvo moderada por la Mtra. Diana Olvera Robles, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que participaron 21 colectivos y organizaciones ambientalistas y de defensa de derechos humanos; así como una comitiva de integrantes de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, Amealco y de La Esperanza, Colón.
Asimismo, estuvieron presentes los diputados Arturo Maximiliano García Pérez, Eric Silva Hernández, Ulises Gómez de la Rosa y María Blanca Flor Benítez Estrada, así como la legisladora federal, Rufina Benítez Estrada; la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega; y el regidor por Querétaro, Fernando Flores.
El primer tema que se abordó tuvo que ver con el régimen de tarifas, los límites de los costos del vital líquido; los subsidios escalonados y fondos etiquetados; así como las fortalezas y áreas de mejora en la Iniciativa de Ley con respecto de las reglas para determinar los cobros.
Entre las propuestas hechas por los panelistas, se consideró la necesidad de aclarar en la iniciativa la legalidad del cobro, es decir, una cuota igual para todos los ciudadanos, y, por otra parte, fijar un sistema de subsidios para quienes menos tienen y menos agua gastan; asimismo, se consideró como un derecho humano, establecer la necesidad de por lo menos 10 metros cúbicos gratis para ciertas zonas, subsidiadas al 100%.
Propusieron definir dentro de la ley lo referente a la progresividad, que tiene que ver con que las personas que consumen más deben pagar tarifas más altas y que las clasificaciones en diferentes territorios corresponde diferente cobro. Sobre la zona indígena de Santiago Mexquititlán, propone la reducción del costo de la conexión de agua, ya que el estado tiene la obligación de llevar el vital líquido a la ciudadanía.
El segundo tema se refirió al consejo ciudadano del agua, en el que se discutieron los mecanismos para la vigilancia y participación ciudadana. Dicha ley prevé al Consejo Ciudadano como una figura central para vigilar y garantizar una participación ciudadana efectiva, por lo que se debatió de qué manera fortalecer este mecanismo previsto en el proyecto de ley.
Entre las propuestas realizadas es que el Consejo le apueste a una ciudadanía profesionalizada que supervise y fiscalice, y que este modelo se aleje de lo antropocéntrico; que sus mecanismos promuevan una sistematización, exigencia de derechos y promueva la organización colectiva para un diagnóstico y generación de soluciones.
Proponen eliminar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro y se incorporen los lugares más afectados; así como prohibir que los funcionarios públicos hagan juicio de valor hacia los candidatos; consideraron que el consejo ciudadano necesita vinculatoriedad sólida entre los estos y la autoridad; asimismo debe haber paridad de género y representación de los pueblos indígenas.
Por otra parte, también observaron que se está planteando que el Consejo Ciudadano esté profesionalizado, por lo que también formulan conveniente que los funcionarios que conformen la Comisión Estatal de Aguas sean expertos en el tema.
Los panelistas que participaron en esta mesa de trabajo fueron Francisco Landa, de Awita Vida y Territorio; a distancia, Luis Javier Moreno Benhumea, de Política Colectiva; Oscar Arredondo Pico, de la agrupación Agua para todxs, Agua para la vida; Stefanía Biondi, de QM21 y Cívica; Rodolfo Gómez Zurita, del Frente por las 40 horas Querétaro; Alina del Carmen Nettel Barrera y Enrique Kato Vidal, de la Universidad Autónoma de Querétaro; Jesús Abraham Maya Pedraza, del Colectivo Eheco; Carlos Alberto Rentería Rivera, consultor en Finanzas Públicas; Erika Rosales Moreno, especialista en Políticas Públicas Ambientales; Maximino Pérez, integrante de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, Amealco; y Miguel Vega, Grupo Maya Inc., a quienes se les hizo entrega de una constancia de participación.
