El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, lanzó una crítica frontal contra el gobierno federal al asegurar que la intervención en la carretera federal 57 se ha prolongado sin resultados claros, generando afectaciones constantes para miles de usuarios.
En rueda de prensa, el líder panista sostuvo que los trabajos, iniciados desde 2019, han estado marcados por retrasos, modificaciones y anuncios de conclusión que no se concretan, lo que, dijo, ha derivado en un escenario de complicaciones viales, riesgos y pérdidas económicas para quienes transitan diariamente por esta vía.
Arango calificó la situación como un ejemplo de mala gestión en materia de infraestructura, al señalar que, más allá de ser una obra en proceso, se ha convertido en un problema permanente. Cuestionó además la asignación y uso de recursos públicos en el proyecto, al considerar que se han destinado repetidamente sin que exista una conclusión visible.
En materia de seguridad, el dirigente estatal advirtió un incremento en la incidencia de accidentes. Citando datos de la Guardia Nacional, indicó que desde el arranque de las obras se ha registrado un aumento del 7 por ciento en la tasa anual de percances, con un acumulado de más de 3 mil 700 accidentes, 183 fallecimientos y cerca de 900 personas lesionadas. Bajo este contexto, afirmó que la situación representa un riesgo constante para los automovilistas.
Asimismo, denunció afectaciones en la movilidad regional, al señalar que más de 140 mil vehículos diarios enfrentan complicaciones derivadas de las obras. Explicó que, ante la falta de rutas alternas adecuadas, el tránsito ha sido desviado hacia zonas como Ejido El Colorado y el municipio de Pedro Escobedo, donde las vialidades no están diseñadas para soportar ese volumen vehicular. También mencionó cierres frecuentes en tramos como Chichimequillas y Palmillas, así como incrementos en costos de peaje.
“Es momento de que se den soluciones concretas y no más justificaciones”, expresó el dirigente, al insistir en que los ciudadanos han asumido costos en tiempo, dinero e incluso en su integridad.
