Palomea INEGI a Querétaro

Querétaro se ubica por debajo de la media nacional en corrupción. FOTO: PLAZA DE ARMAS
Querétaro se ubica por debajo de la media nacional en corrupción. FOTO: PLAZA DE ARMAS

Querétaro es uno de los cinco estado con menores niveles de corrupción del país, junto con Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo, con menos de 700 establecimientos víctimas por cada diez mil, según la estadísticas divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, conmemorado este sábado.
El índice es muy inferior a la media, tomando en cuenta que –según el mismo estudio- en el año 2016, la tasa de prevalencia de corrupción en el sector privado fue de 1 093 establecimientos partícipes de al menos un acto de corrupción por cada diez mil unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro.
De esta forma, observa el INEGI, una empresa en Quintana Roo tiene 3.7 veces más probabilidades de participar en algún acto de corrupción que una empresa que solicita trámites o servicios en el gobierno de Querétaro.
El análisis por entidad federativa reveló diferencias importantes entre estados. Las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 092 víctimas por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público; en Sinaloa, 18 144; en Chihuahua, 17 621; en Michoacán, 16 321 y en la Ciudad de México con 16 167 víctimas de corrupción.
Los menores niveles se observaron en los estados de Zacatecas y Veracruz con 6 810 y 6 952 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Esto significa que una persona en Morelos que entra en contacto con un servidor público para la solicitud de un trámite o servicio tiene tres veces más probabilidad de ser víctima de corrupción que si el trámite fuera realizado en Zacatecas.
Con relación a la frecuencia de los actos de corrupción, la entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 160 por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 232 hechos de corrupción. En contraparte, en Colima y Nayarit se presentaron menos de 10 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes que solicitaron algún trámite o servicio público. Lo que indica que en el Estado de México o Sinaloa se presentaron 6 hechos de corrupción por cada caso registrado en Colima o Nayarit.
Respecto al porcentaje de servidores públicos de la administración pública estatal capacitados en materia de corrupción, se observa que la mayoría de las entidades reportaron en 2015 haber capacitado a menos de un tercio de sus servidores públicos. Únicamente Sinaloa y Nuevo León rebasan esta proporción, con 41.9% y 33.6% de servidores públicos capacitados, respectivamente. Por su parte, 22 entidades habían capacitado a menos del 15 por ciento de su personal en el tema, entre estas se encuentran: Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz que reportaron haber capacitado a menos del 1% de sus servidores públicos.
EXPERIENCIAS DE CORRUPCIÓN
Para que las empresas puedan funcionar, advierte el INEGI, tienen que cumplir con una serie de reglas y normas que son establecidas por el Estado con el fin de regular diversos aspectos del funcionamiento de las empresas. Entre estos se encuentran los bienes y servicios públicos que requieren las empresas para llevar a cabo sus actividades, ya sea por ejemplo la obtención de un permiso o licencia para operar, trámites para el pago de impuestos, o realizar gestiones para la resolución de controversias ante una instancia judicial.
Cuando la regulación y los trámites son excesivos, no solo impacta negativamente en la competitividad de las empresas, sino también crea condiciones para incentivar la corrupción.15 De los 8.3 millones de trámites, pagos y solicitudes de servicios que realizaron las empresas en México durante el 2016, en 3.8 por ciento de ellos las empresas fueron víctimas de algún acto de corrupción.
Al analizar la desagregación por la naturaleza o tema del trámite se encontró que, del total de trámites realizados ante autoridades de seguridad pública, o de procuración de justicia para el inicio o seguimiento de una averiguación previa, fue donde se observaron los mayores actos de corrupción con 44.5% y 30.6%, respectivamente. Los procesos y juicios laborales y mercantiles16 también presentaron altas prevalencias de corrupción con 24.9 por ciento de los trámites.
Por el contrario, los trámites relacionados con responsabilidades patronales,17 con temas fiscales18 y los concernientes a servicios públicos básicos19 fueron los que presentaron las menores prevalencias de corrupción, con menos de 2 de cada 100 trámites en estos temas.
EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN
Entre las consecuencias que la corrupción trae consigo, señala el INEGI, son los costos monetarios directos o indirectos que afectan a las personas y a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actos, y a la sociedad en general. Dentro de los costos directos se encuentra el dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de sobornos o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Los costos indirectos por su parte, pueden ser monetarios o no monetarios, los cuales se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, una disminución en la inversión extranjera a causa de un entorno que dificulta la libre competencia; una mayor desigualdad en la distribución de los recursos; o en una erosión de la legitimidad y confianza en las instituciones, entre otros.
Pese a que es muy complejo medir todos los costos asociados a la corrupción, resulta importante tratar de aproximar su cuantificación para dimensionar el problema que representa en la sociedad. En este apartado se brinda una estimación del costo total y del costo promedio de los actos de corrupción, producto del soborno en que incurrieron la población en el año 2015 y las unidades económicas en el año 2016 al entrar en contacto con servidores públicos. Si bien, el impacto económico de la corrupción fue mayor en la población que en las empresas, el costo promedio del soborno por agente fue superior en las empresas que lo observado en la población.

POR: SERGIO ARTURO VENEGAS ALARCÓN

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