Ante la gravedad de las acciones judiciales de Estados Unidos contra el narco gobierno de Sinaloa es importante ahora evaluar las palabras –presentes y pasadas– de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por obligación política o por convicción personal no ha cesado en su constante y hoy peligrosa defensa de Rubén Rocha Moya y por consecuencia del resto de los señalados por un Gran Jurado y requeridos previa extradición por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La suerte de Rocha Moya –paradójicamente–, ya es un asunto secundario.
Si en algún momento se dijo de él, es un muerto ambulante, hoy ha dejado de caminar. En juego quedan las relaciones con Estados Unidos en un momento de peligrosa beligerancia del presidente Donald Trump quien ha hecho de la narco política en México una de sus obsesiones. La naturaleza del caso se agrava por la declaratoria unilateral de calificar cualquier cartel como organización terrorista.
Basten estas amenazantes palabras del embajador Johnson (él también fue agente de la CIA) tras la reclamación de la fiscalía neoyorquina:
–“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: LA CORRUPCIÓN QUE FACILITA EL CRIMEN ORGANIZADO Y PERJUDICA A AMBOS PAÍSES SERÁ INVESTIGADA Y PROCESADA EN TODOS LOS CASOS en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”.
¿Dónde tiene jurisdicción ese país? Donde le viene en gana.
Pero para entender la complejísima situación de CSP, se deben revisar antecedentes cuya memoria hace fácil comprender la actual disyuntiva del gobierno de México. Ayer en el Palacio Nacional, antes de las canciones infantiles del 30 de abril, la presidenta hizo un posicionamiento firme y tricolor, como veremos.
Pero la defensa ya añeja de Rubén Rocha Moya por parte de la señora presidenta (con A), complica todo y viene desde antes del inicio de su gestión. En su libro-diario de campaña, cuando recorría el país con Andrés López ya como candidata triunfante, escribió:
“…me trasladé en avión comercial a Sinaloa, donde me encontré con AMLO y el gobernador Rubén Rocha… Ese mismo día salió una carta dada a conocer por los abogados de «el Mayo» Zambada, líder del Cártel del Pacífico, quien había sido trasladado (¿?) recientemente a Estados Unidos en una operación que nunca fue aclarada por las autoridades de ese país (ergo, ellos se lo llevaron).
“Durante el mitin, el gobernador Rocha desmintió lo señalado en dicha carta sobre su supuesta presencia en una reunión, aclarando que ese día se encontraba en Estados Unidos y no tenía conocimiento de los hechos mencionados. El presidente López Obrador y yo reconocimos que el gobernador saliera a explicar públicamente la situación y diera la cara con responsabilidad…
“…No hay casualidad, ayer pedíamos información; a mediodía el embajador dio una versión. Están molestos los conservadores de adentro y algunos que estaban MALACOSTUMBRADOS A SENTIRSE LOS DUEÑOS DEL MUNDO. Hay tentación de querer mandar en todas partes, METER LAS NARICES. Pues nada más recordar que México es un país independiente, libre y soberano; aquí mandamos los mexicanos.
“…A lo mejor antes, cuando había gobernantes sin autoridad moral que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, entonces sí podían poner en el banquillo de los acusados a los presidentes, pero nosotros tenemos autoridad moral y política.
“Y así es. Nunca podrán vincular a AMLO con la corrupción…”
Pues quien lo vinculó, queriendo desvincularlo, fue el senador Enrique Insunza, ex secretario del gobierno de Rocha Moya (mayo) Insunza cuando quizá inspirado por la lectura de ese diario, describió la causa contra él y sus jefes, como un ataque a ese mexicano de excepción llamado Andrés Manuel, etc., etc…
Hoy muchas de aquellas palabras han sido barridas por el vendaval. Sobre todo, el romántico concepto de la autoridad moral.
Rocha Moya sigue los pasos de Tomás Yarrington, Mario Villaueva y Genaro García Luna quien ya no está solo en el tiro al blanco contra “los conservadores”, aunque de su falaz escapatoria sobre un viaje a Disneylandia, cuando asesinaron a Melesio Cuen y abdujeron al Mayo, el expresidente haya dicho:
“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo felicito porque da la cara…”.
Hoy tiene el rostro duro y un poco lastimado, sobre todo en la región bucal. Quedó como “El caballo blanco”.
Este caso ha hundido el trasatlántico de las palabras morenas en cuanto a la pureza y limpieza de su gobierno y por consecuencia del respaldo que se le ha dispensado. Encubrir la suciedad, mancha y crea complicidad, se quiera o no.
Sin embargo, como en toda batalla previsiblemente larga, es necesario cavar trincheras. Y en una de ellas, apresuradamente, el gobierno se protege. Ese es el sentido del documento leído ayer por la presidenta (con A):
“…Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas (¿aplicables?) en la materia, es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud… México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo…
“…Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
“… Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a (en) cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.
“…Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
En esas condiciones de exigencia probatoria cualquiera vería un manto protector (sobre todo si el caso, como ella afirma, puede ser político) en un país donde –por ejemplo— la prisión preventiva oficiosa se ejerce cotidianamente sin exigencias de este tipo.
La frase, “por ningún motivo vamos a permitir” (como si en el secuestro mismo de Zambada o la infiltración masiva de la CIA, la DEA y demás, alguien hubiera pedido permiso), nos remite a un extremo: ¿cómo lo vamos a impedir si la potencia americana es tan abrumadora y la dependencia nacional tan evidente en lo comercial, lo geopolítico y hasta lo mediático?
Porque la batalla discursiva ya está perdida sin remedio, excepto si llamamos a Petro, Lula y demás compañeros progresistas de Barcelona.
Con una simple amenaza arancelaria Trump obligó a México a modificar diametralmente su política migratoria, por ejemplo, y de pasada forzó los aranceles a productos chinos.
El punto olvidado en todo esto es la condición de terrorista ahora colgada en un cartoncito en el pescuezo del jefe del cartel de la “rochiza”, vértice del triángulo sinaloense con la “mayiza” y la “chapiza”.
Hoy el gobierno se atrinchera en la legalidad procesal, pero cuando le ha entregado decenas de reos al mismo gobierno cuya actitud hoy desafía, los procedimientos fueron ignorados. El arsenal de información en poder de los Estados Unidos, derivado de la temporada operática de los señores Chapo, Zambada; chapitos y cientos más, pone a temblar a muchos en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y hasta la secretaría de Educación Pública.
Pronto Morena convocará a una Asamblea Informativa en el Zócalo en defensa de la soberanía, la independencia y todo lo demás.
Pero las cartas ya están en la mesa.
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