Al defenderse dentro del juicio político que abrió en su contra la Comisión Anticorrupción del Congreso local, el Gobernador Samuel García dijo que no existe alguna triangulación irregular de recursos del erario estatal en su beneficio y de su familia, sino que los proveedores pueden contratar con esos recursos cualquier despacho, incluido el de él, buscando descartar un posible delito de corrupción.
En el escrito que el emecista remitió a la Comisión el martes -y que consta de 254 páginas- éste afirma que las empresas son libres de contratar a los despachos jurídicos que quieran, hasta “propiedad de un Gobernador”, y eso no constituye una irregularidad ni una falta en la administración pública de las finanzas estatales.
“Una vez que el Estado paga a un proveedor privado por bienes o servicios efectivamente recibidos, esos recursos pierden su carácter público y se convierten en patrimonio privado del proveedor, quien adquiere la propiedad plena de esos recursos y puede disponer de ellos libremente, incluyendo, pagar honorarios a sus abogados o consultores”, afirma el Gobernador en la versión hecha pública ayer del documento que remitió a la Comisión el martes sobre el uso de fondos públicos y recursos privados.
“En el momento en que los recursos llegan a los despachos, ya no son ‘dinero público'”, señala el mandatario para deslindarse del desvío de recursos y de cualquier triangulación de dinero.
“En todo caso, son recursos de proveedores privados que, en el ejercicio de su libertad, pueden disponer de su patrimonio, como les plazca, incluida la contratación de servicios legales.
Postura del Congreso y declaraciones de la Comisión Anticorrupción
“Si un proveedor privado, después de recibir el pago legítimo del Estado, decide contratar servicios legales con un despacho propiedad de un Gobernador, eso no constituye, por sí mismo, ninguna irregularidad, dado que está disponiendo de su patrimonio privado”, agrega el documento de la defensa legal sobre los patrimonios empresariales.
La Diputada local priista Armida Serrato, presidenta de la Comisión Anticorrupción, consideró que el escrito del Gobernador representa una admisión de las triangulaciones de recursos públicos.
“De la lectura del documento se desprende que él está aceptando que hubo, por parte de esas empresas, una transferencia de recursos públicos a despachos legales, porque así lo señala él”, señaló la legisladora del PRI ante la opinión pública.
En su defensa, el Gobernador califica como “infundada y temeraria” la denuncia en su contra impulsada por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, y que dio inicio al juicio político el pasado 12 de junio en el Congreso de Nuevo León como una acusación de partido.
Investigaciones periodísticas han revelado desde el 2024 una serie de triangulaciones de recursos públicos pagados a proveedores del Gobierno emecista que terminan en los despachos jurídicos y fiscales propiedad del Gobernador y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro, destapando un escándalo financiero.
En marzo del 2024, Suministro MYR, uno de los principales proveedores del Estado, trianguló por medio de su filial Proveedor de Productos Mexicanos Jace, cientos de millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del Gobernador y su padre de manera presuntamente irregular.
Serrato recordó que, en el caso de Reforestación Extrema, el Gobierno de MC igual alcanzó a alegar que los recursos públicos se volvieron privados para no transparentarlos, afectando la rendición de cuentas e impidiendo el acceso a la información.
“Esto (la defensa del Gobernador) es, definitivamente, una confirmación del modus operandi de este Gobierno del Estado”, sostuvo la presidenta de la Comisión Anticorrupción del poder legislativo local, quien cuestionó la ética pública.
La Comisión acordó ayer solicitar información a 69 dependencias estatales y federales sobre contratos con 12 empresas, entre ellas Saga Tierras y Bienes Inmuebles, propiedad de la familia del emecista para auditar los contratos gubernamentales.
