La estrategia en Palacio Nacional fue diseñada la semana pasada: echar toda la caballería de la 4T para que las críticas sobre la captura de Ismael Zambada, a la sazón jefe del Cártel de Sinaloa, recaigan en el gobierno de Estados Unidos para responsabilizarlo de las malas condiciones en la relación bilateral. Es una apuesta muy costosa si sale mal, como probablemente suceda. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a jugarla, aparentemente sin medir las consecuencias que puedan venir.
Mensajes llegados por vía diplomática al Zócalo, precisaron que la estrategia para perseguir a los políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado se está manejando directamente desde Washington, donde el Departamento de Justicia quiere acusar a otros tres gobernadores: Marina del Pilar Ávila de Baja California, Alfonso Durazo de Sonora, y Américo Villarreal de Tamaulipas. No hay mucho nuevo porque sus nombres ya han sido mencionados públicamente. Lo novedoso es del compromiso con todos los gobernadores de la 4T de no entregar a nadie.
Tampoco les pedirá que renuncien, revelaron funcionarios federales, que agregaron que, no obstante, pero los apretará mediante auditorías, para obligarlos a que soliciten licencia. No se sabe cómo termine esta estrategia, porque los gobernadores, que son leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador, han mostrado una resiliencia superior a la determinación de la presidenta. La discusión en los círculos políticos sobre la posibilidad que Rocha Moya retome su cargo pleno de gobernador, es parte de estos vaivenes que vive la 4T.
La presidenta sigue jugando a la gradería doméstica, mientras en Washington siguen debilitándola con información que está circulando cada vez más frecuente. La última, aportada ayer por Héctor de Mauleón, en El Universal, es una nueva grabación de la gobernadora de Baja California, donde ofrece colaborar con el FBI y aportarle toda la información en materia de seguridad que “escuchó”, a cambio de evitar que le formulen acusaciones, como sucedió con Rocha Moya.
La grabación que obtuvo De Mauleón tiene una segunda lectura: la enorme infiltración que tienen las agencias estadounidenses en el círculo más cercano de la gobernadora. El columnista difundió previamente una grabación donde se mostraba que estaba buscando una negociación con las autoridades de ese país, que ella negó. No es solo que una segunda grabación la desmienta, sino que las medidas que debió haber tomado para que no quedara registro de sus palabras, resultaron insuficientes. Lo que mostró el periodista es que Ávila está aterrorizada que le finquen acusaciones penales -bajo la ley contra el terrorismo-, y que la están matando públicamente por goteo, con lo que alientan la paranoia que hay dentro de la 4T por la posibilidad de que más políticos comiencen a buscar cooperar con Estados Unidos.
La información previa obtenida de fuentes estadounidenses fue la de Luis Chaparro, que en el sitio Pie de Nota difundió la exhibición del avión en el que transportaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, para su detención formal. El reportaje de Chaparro, que mencionaba que el FBI había prestado el avión al museo en el aeropuerto en Nuevo México en donde aterrizó con los narcotraficantes, detonó la crisis que llevó a la presidenta a diseñar la estrategia para culpar de la mala relación bilateral al gobierno de Donald Trump.
La estrategia se montó sobre el exembajador en México, Ken Salazar, convertido en el tonto útil para este propósito. La presidenta lo ha acusado de mentiroso y Salazar ha dicho que no mintió. Salazar tiene parcialmente la razón: no engañó a nadie. El exembajador no supo de la operación y no le dieron detalles de la misma porque su gobierno no confiaba en él y pensaban que iba a ir corriendo a decírselo a López Obrador. Pero el embajador, como el gobierno mexicano, aprovechan la corta memoria mexicana para fugarse hacia delante.
En el comunicado del Departamento de Justicia tras la acusación contra Zambada (que se puede ver en esta liga: https://shorturl.at/
Un informe de inteligencia que le entregaron a López Obrador sobre la captura de Zambada y Guzmán López, con información procedente del Cártel de Sinaloa, revelaba que la operación había sido ejecutada por un comando estadounidense que combate al terrorismo en todo el mundo, que dispusieron de la escolta del líder de la organización, y que en ese mismo lugar mexicanos, presumiblemente del equipo de seguridad de Rocha Moya, asesinaron al diputado federal Héctor Melesio Cuén.
El intervencionismo estadounidense es claro y como Salazar no alcanza para mucho más en la nueva estrategia, hay otros instrumentos en la mesa de la presidenta para transferir los costos al gobierno de Donald Trump. Uno de ellos es haber dejado la gestión diplomática a un lado para exigir explicaciones y presionar por castigos contra agentes federales por matar a migrantes mexicanos, optando por la vía penal, en el Departamento de Justicia. Otro más es la evaluación que realizó hace unos días para defender a Rocha Moya, presentando una queja de violación a sus derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue persuadida de que ese no era el camino.
Hay un endurecimiento de la presidenta, en la forma como quiere enfrentar al gobierno de Estados Unidos. Es un juego de fuerzas disparejo donde no tiene las herramientas políticas para contener lo que, le están avisando, vendrá en el momento que Trump dé luz verde, porque las acusaciones ya están listas.
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