En un informe fechado el 27 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el empresario Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga esté relacionado con alguna investigación o carpeta federal relacionada al tráfico de armas, después de que fuera señalado en diversas publicaciones.
La Policía Federal Ministerial precisó que Sainz de la Maza Zúñiga no cuenta con alguna investigación ni carpeta a nivel federal en la FGR. La misma respuesta incluyó a Óscar Humberto Bistrain Tenorio y Christian Pablo Varela Escobedo.
El documento forma parte de las diligencias realizadas por el Ministerio Público Federal dentro de una carpeta de investigación abierta por el presunto uso de un oficio falsificado en el que usurparon los logos de la dependencia y la firma autógrafa de la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, a partir de una denuncia presentada por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director general de Asuntos Penales Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de esa dependencia.
La respuesta se suma a un oficio del 13 de octubre, emitido por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (FEITATA), adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En ese documento, identificado con el número FEITATA-A-EILI-C6-139/2026, la Fiscalía precisó que Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, después de que fuera señalado por diversas publicaciones, así como las empresas de seguridad privada Serprosep y Armour King, no figuran como investigados, imputados o víctimas en la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024.
La investigación se originó después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno denunciara en agosto de 2026, la utilización de un oficio apócrifo que simulaba revisiones administrativas contra las empresas de seguridad privada Serprosep y Armour King, así como cuatro personas físicas, con la finalidad de obtener dinero a cambio de detener los supuestos procedimientos. Esta indagatoria permitió a la FGR recabar información adicional sobre los particulares.
