Lo que se anunció como un “golpe histórico” en el decomiso de huachicol en la planta de almacenamiento de Grupo SIMSA en Guanajuato resultó en una colección de fallas de la FGR, que encabeza Ernestina Godoy, y la Policía estatal, y hasta anoche no habían podido acreditar la ilegalidad del combustible ni la responsabilidad de supuestos delincuentes.
SIMSA aseguró que la terminal de almacenamiento de combustibles en San José Iturbide, Guanajuato, cuenta con los permisos correspondientes y que la empresa no es dueña de los productos.
Las autoridades federales y estatales reportaron el jueves 17 la incautación de 59 millones de litros de “presunto hidrocarburo” y el aseguramiento de 10 tanques de almacenamiento, 3 unidades de carga y documentos de la empresa SIMSA.
Conforme a los reportes, la acción, encabezada por el fiscal federal de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera, se logró tras un cateo autorizado por un Juez.
“Las indagatorias para combatir a redes vinculadas al contrabando de combustible derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo de los cuales no se ha acreditado su origen”, señaló la FGR.
“59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación de coordinación entre autoridades federales y estatales”, difundió el Gobierno de Guanajuato.
Precisiones sobre las fechas del operativo
Pero ni la FGR ni el Gobierno de Guanajuato informaron que el operativo había ocurrido el 4 de septiembre -no el jueves 17-, y que la planta cateada no fue clausurada. Desde el 10 de septiembre retomó actividades.
Tampoco se dijo que el combustible permaneció en los tanques de SIMSA y que las instalaciones no fueron selladas, como ocurre en otras acciones de la FGR. El anunciado “golpe histórico” no tuvo detenidos.
“Gas Natural del Noreste (SIMSA) presta un servicio consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante la empresa la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.
“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada por las autoridades federales, estatales y municipales”, manifestó la compañía.
Además, puso a disposición de la FGR la documentación que acredita la legalidad de su operación y relación comercial con las usuarias de la terminal.
Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, especializada en energía, señaló que las autoridades se equivocaron en el operativo.
“La autoridad llegó a pedir los permisos de importación del combustible, pero SIMSA está en posesión, no en propiedad, de lo que almacena. La importación la hacen Pemex, ExxonMobil, Ferromex y Kansas City, que son los clientes de SIMSA”, dijo el especialista.
“Se puede rastrear desde qué refinería se importó el combustible que llega a esta terminal, y si alguien se quiere colgar de supuestas discrepancias o mermas, pues que revise en las garitas, no en la terminal. Así que si alguien se equivocó es el Ejército y la Guardia Nacional en la frontera”, consideró el analista.
La terminal de SIMSA es la instalación de almacenamiento and distribución más importante del Bajío y cuenta con una capacidad de 630 mil barriles, equivalentes a cerca de 100 millones de litros.
