A unos días de que México vuelva a colocarse bajo los reflectores del planeta como sede inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno federal enfrenta una paradoja que refleja con crudeza el momento político que vive el país. Mientras los discursos oficiales hablan de estabilidad, transformación y prosperidad, las calles de la Ciudad de México se han convertido en el escenario de una creciente inconformidad social encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, colectivos de madres buscadoras, transportistas, campesinos y diversas organizaciones civiles que han decidido aprovechar la atención internacional para exigir respuestas que durante años no han llegado.
La imagen es poderosa. Mientras el gobierno prepara ceremonias, festivales y operativos de seguridad para recibir a miles de turistas y millones de espectadores en todo el mundo, miles de ciudadanos recuerdan que detrás de los estadios remodelados y de los discursos triunfalistas subsisten viejas heridas nacionales que permanecen abiertas. No se trata únicamente de protestas aisladas. Se trata de reclamos acumulados durante años de promesas incumplidas, mesas de diálogo inconclusas y compromisos políticos que quedaron atrapados entre la propaganda electoral y la realidad gubernamental.
La CNTE representa quizás el ejemplo más evidente. Durante las campañas electorales, dirigentes y candidatos de Morena se comprometieron a revisar profundamente el sistema de pensiones, la reforma educativa y diversos mecanismos administrativos que el magisterio considera lesivos para sus derechos. Hoy, los líderes sindicales sostienen que esas promesas no se han materializado y mantienen un plantón permanente en el corazón de la capital. Incluso han advertido que sus movilizaciones continuarán durante el Mundial si no existe una respuesta satisfactoria a sus demandas.
A ello se suma el caso Ayotzinapa, convertido ya en una de las mayores deudas históricas del Estado mexicano. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación prometió llegar a la verdad, romper los pactos de silencio y ofrecer justicia a las familias. Sin embargo, casi doce años después de la desaparición de los 43 normalistas, los padres siguen marchando, protestando y reclamando resultados. La presencia de estudiantes y familiares en las movilizaciones previas al Mundial constituye un recordatorio incómodo de que el tiempo político avanza mucho más rápido que el tiempo de la justicia.
Más dolorosa aún resulta la presencia de las madres buscadoras. Sus manifestaciones coinciden con un país que supera las 133 mil personas desaparecidas y no localizadas. La manta desplegada en Paseo de la Reforma con esa cifra resume una tragedia nacional que ninguna narrativa gubernamental ha logrado ocultar. Mientras el gobierno insiste en destacar avances institucionales, miles de familias continúan realizando tareas de búsqueda que deberían corresponder al Estado.
En este contexto, la reacción política del gobierno federal parece evidenciar una contradicción recurrente. Morena llegó al poder denunciando la soberbia de los gobiernos anteriores, criticando la criminalización de la protesta social y prometiendo escuchar a los movimientos ciudadanos. Sin embargo, frente a las críticas, cada vez resulta más frecuente observar una narrativa que atribuye los cuestionamientos a conspiraciones de la oposición, campañas mediáticas o intereses empresariales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en diversas ocasiones en señalar supuestas campañas impulsadas por grupos conservadores, por la oposición o incluso por empresarios como Ricardo Salinas Pliego. El problema es que ese argumento puede servir para movilizar a las bases partidistas, pero difícilmente resuelve los problemas reales que originan las protestas.
La democracia exige distinguir entre adversarios políticos y ciudadanos inconformes. Cuando un gobierno reduce toda crítica a una conspiración, corre el riesgo de dejar de escuchar a la sociedad que lo llevó al poder. La oposición puede aprovechar el desgaste gubernamental, ciertamente, pero sería un error atribuir exclusivamente a factores externos el malestar que hoy se expresa en las calles.
Desde una perspectiva constitucional, la protesta social constituye un derecho fundamental protegido por la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El verdadero desafío para cualquier gobierno democrático no consiste en impedir las manifestaciones, sino en evitar que las causas que las originan se conviertan en conflictos permanentes.
El Mundial debía representar una vitrina para mostrar al mundo un México moderno, fuerte y confiable. Paradójicamente, podría terminar exhibiendo algo más profundo: un país donde amplios sectores sociales sienten que las promesas de transformación no se han cumplido. Como ocurre con las grietas de una presa, durante un tiempo pueden permanecer ocultas bajo la superficie. Pero tarde o temprano la presión acumulada termina haciéndolas visibles.
Y hoy, a las puertas del evento deportivo más importante del planeta, esas grietas están a la vista de todos. Ya no es posible taparlas con una mañanera, ni con estampitas de santitos.
