Movimiento Ciudadano quiso venderse durante años como la alternativa fresca frente a los viejos partidos. El naranja era juventud, ciudadanía, causas y una pretendida nueva forma de hacer política. Pero en Jalisco, su principal escaparate nacional, el color comienza a desteñirse. Y no precisamente por la lluvia, sino por el agua sucia, los macanazos y una respuesta gubernamental que amenaza con convertir una crisis de servicios públicos en una crisis política de alcance nacional.
El domingo 11 de octubre, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para exigir algo tan elemental como agua limpia. No reclamaban privilegios. Exigían un derecho humano reconocido por el artículo 4º constitucional: acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. La protesta tuvo como telón de fondo meses de denuncias por agua turbia, maloliente o contaminada en centenares de colonias de la zona metropolitana. La respuesta terminó siendo el peor combustible para el incendio.
Frente a Casa Jalisco, policías estatales utilizaron gases, chorros de agua y fuerza física. El saldo reconocido inicialmente por las autoridades fue de 39 detenidos y decenas de lesionados. Posteriormente aparecieron testimonios y denuncias de personas liberadas con golpes y lesiones, así como acusaciones de tortura y malos tratos durante su detención. Siete personas fueron incluso trasladadas a Puente Grande y dos quedaron vinculadas a proceso, aunque en libertad.
La ironía es brutal: ciudadanos que protestaban por el agua recibieron agua a presión; quienes exigían que el Estado garantizara un derecho terminaron exigiendo que el Estado respetara sus demás derechos. El gobernador Pablo Lemus tuvo que reconocer errores y detenciones injustificadas. La dimensión del problema llegó hasta Palacio Nacional: Claudia Sheinbaum pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lanzó una pregunta que resume el problema constitucional: ¿quién dio la orden? La relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de reunión también pidió una investigación rápida e independiente.
No es un asunto menor. Los artículos 1º, 6º, 7º, 9º, 14, 16, 21 y 22 constitucionales forman un dique frente al abuso del poder público. La libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, la legalidad de las detenciones, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la prohibición absoluta de la tortura no dependen de la simpatía que una autoridad tenga por quienes protestan. Gobernar democráticamente significa soportar la crítica, incluso cuando incomoda.
Jalisco es además la joya de la corona de Movimiento Ciudadano. Allí construyó su principal laboratorio político desde Enrique Alfaro y allí pretendía acreditar que podía gobernar una entidad compleja y proyectarse como tercera vía nacional. Por eso la crisis de Pablo Lemus no termina en Casa Jalisco: golpea directamente la narrativa de Jorge Álvarez Máynez y del partido entero.
Cuando una marca política presume defender causas ciudadanas y uno de sus gobiernos reprime una manifestación ciudadana, la contradicción deja de ser discurso y se convierte en factura electoral. Y esa factura puede llegar también a Querétaro.
Movimiento Ciudadano intenta crecer aquí rumbo a 2027, pero su construcción local presenta paradojas. Apenas esta semana incorporó al diputado federal Mario Calzada Mercado, quien abandonó al PRI después de décadas de militancia y trasladó a MC una curul obtenida originalmente mediante la coalición opositora PAN-PRI-PRD. El Sistema de Información Legislativa ya lo registra como integrante de Movimiento Ciudadano.
Sumar políticos provenientes de los partidos que MC critica puede aumentar su inventario de candidatos, pero no necesariamente su credibilidad. Una cosa es abrir las puertas y otra construir identidad.
La coordinación estatal está ahora en manos de la diputada federal Laura Ballesteros, cuya trayectoria política se ha desarrollado principalmente fuera de Querétaro, particularmente en la Ciudad de México. Fue designada coordinadora estatal apenas en agosto. Mientras tanto, quien ha adquirido mayor presencia política territorial en la capital es Armando Rivera Castillejos, expresidente municipal de Querétaro surgido originalmente del PAN y hoy coordinador municipal naranja. Así, la pretendida renovación comienza a parecer un rompecabezas armado con piezas de otros partidos.
El problema de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027 no será únicamente conseguir candidatos. Será convencer a los electores de que representa algo distinto. Porque si en Jalisco responde con policías a quienes reclaman agua; si en Querétaro construye su estructura reciclando cuadros provenientes del PRI y del PAN, y si sus dirigencias carecen todavía del arraigo territorial suficiente, la pregunta resulta inevitable: ¿Dónde quedó lo nuevo?
En política, los colores sirven para distinguir las boletas, pero no alcanzan para ocultar las contradicciones. Y hoy, después de Guadalajara, el naranja comienza a desteñirse.
