En un mundo global, la movilidad de personas entre países se tendría que abordar desde el contexto de las políticas migratorias que se ejecutan en la actualidad, y cuestionar si la migración segura, ordenada y regular es un objetivo a corto plazo.
El análisis debería mostrarnos los cambios que se requieren para afrontar la crisis migratoria de nuestro tiempo, con sus características particulares, bajo una amplia perspectiva y tomando en cuenta la responsabilidad que recae en cada uno de los actores involucrados. En los primeros meses de 2021 la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos se ha incrementado, haciendo de éste uno de los asuntos políticos más polarizados, que no tiene fácil solución y que, entre otros, dominará la agenda internacional pospandemia.
Las razones para que una persona o una familia decidan dejar atrás su país de nacimiento siguen siendo las mismas, pero agravadas: la búsqueda de mejores oportunidades de vida, seguridad, educación. Por tanto, las personas migrantes, refugiadas, desplazadas —que representan el 3.5 por ciento de la población global— requieren que su realidad sea abordada de manera integral en ambos lados de las fronteras; es decir, se necesita del trabajo de agendas conjuntas con un mismo fin.
Un rasgo particular del flujo migratorio entre los países americanos es la reunificación familiar, que conlleva un fenómeno apremiante: el arribo a la frontera entre Estados Unidos y México de menores migrantes sin acompañamiento. Tan sólo para dimensionar la situación, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense reporta que desde 2003 más de 400,000 menores han cruzado la frontera entre ambos países, algunos buscando por cuenta propia el estatus de asilo y otros para reencontrarse con sus familias. Al mes de marzo de 2021 se contabilizaban más de 14,000 menores sin acompañamiento, bajo custodia estadounidense.
El trayecto que realizan estos niños, niñas y adolescentes no es un caminar ligero; salir de sus propios países, llegar a la frontera con México, cruzar el territorio nacional y arribar a la frontera con Estados Unidos les implica situaciones de riesgo. Tampoco es sencillo decidir que las hijas y los hijos menores crucen la frontera solos, tratando de esquivar la política migratoria que deporta a las familias completas, pero no así a menores sin acompañamiento. El sacrificio implícito en tal decisión no tiene comparación, pero una vez en suelo estadounidense las y los menores esperan la oportunidad de formar parte del 28 por ciento que ha recibido protección de las cortes de la Unión Americana.
El reto recae en la posibilidad de aplicar medidas de políticas públicas y legislativas en ambas partes de la frontera, para hacer frente a lo que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se ha referido como un incremento inédito, en comparación con las últimas dos décadas de menores sin acompañamiento en la frontera. No podemos esperar 20 años más para tomar decisiones de fondo que reviertan las estadísticas; la implementación debe ser ahora, haciendo todo lo posible para defender el Estado de derecho para la humanidad.
La migración irregular no es una situación nueva, pero se requiere mirar el problema de frente, ya que mientras la precariedad en los países de origen no mejore, la crisis tendrá un mayor impacto regional a todos los niveles. La UNICEF ha marcado ciertas pautas de cuidado alternativo para estas y estos menores: albergues a puertas abiertas, departamentos especializados y acogimiento familiar. Hoy, la realidad supera la proyección. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide determinar con claridad las facultades normativas de la materia; la organización no gubernamental Asylum Access México subraya la necesidad por parte del Poder Legislativo de diseñar iniciativas que regulen “la no detención de personas solicitantes de asilo y refugiadas”.
Las representaciones de Naciones Unidas en México destacan la importancia de que “se asignen el presupuesto y los recursos humanos y técnicos necesarios”. De igual forma, el reto para la administración del presidente estadounidense Joe Biden y su promesa de una política migratoria más humana no sólo presionan al propio sistema presupuestario afectado ya por la pandemia, sino que le significarán un costo en el Congreso.
Lo cierto es que debemos implementar una política migratoria legal sostenible, proinmigrante, que deje de sustituir el sistema de asilo como esquema de inmigración. Pero para ello se requiere de medidas que fortalezcan las estructuras institucionales y de política pública que por años no han tenido la planificación adecuada y han recrudecido esta herida autoinfligida.
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