“¡Aquí no!” es la consigna con la que comunidades indígenas mayo-yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo en la bahía de Ohuira, en el estado mexicano de Sinaloa, y frente a la desesperación, anunciaron la toma indefinida del proyecto financiado por Suiza y Alemania.
“Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, advirtió a EFE el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.
Montaño explicó que el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán únicamente sí, de manera paralela, se suspenden las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretende producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoniaco.
Riesgos ambientales y sociales
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, exclamó Montaño, para quien es fundamental que el gobierno entienda los riesgos de construir esta megaplanta que afectará a los más de 6.600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río en la zona del puerto de Topolobampo.
A lo largo de 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales, como la ONU, han advertido que el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco.
Cuando el agua sea descargada en la bahía, tendrá una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más, detalló el líder indígena, lo que afectará al ecosistema y, en consecuencia, a la pesca, principal fuente de alimentación para las comunidades.
Incluso en un informe la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40.000 personas, aunque Montaño aseguró que la compañía se reservó información importante sobre esta afectación.
Presión social y resistencia comunitaria
“Si eso ocurriera sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de Protección Civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población”, zanjó.
Además, en la bahía de Ohuira se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, —declarado sitio RAMSAR (humedal de importancia internacional), hábitat de miles de aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta importancia comercial.
“La empresa nos dejó con la interrogante de qué puede pasar y nos quedamos inconformes. La realidad es que empezaron mal y terminarán mal. Se van a tener que ir porque los pueblos originarios no aceptaremos este proyecto”, denunció.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, la cual resultó favorable para GPO porque incluyó en la votación a comunidades que no sufrirían un impacto directo.
