VOCES DE MUJERES
En la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver el caso que los medios nombraron las “Muertas de Juárez” la Señora Irma Monreal, madre de una de las víctimas, narró que el mismo día que ella denunció la desaparición de su hija, había sido robada la camioneta de la esposa del alcalde Gustavo Elizondo, quien inmediatamente anunció en televisión que daba 24 horas para que la camioneta apareciera o si no habría graves consecuencias. La camioneta apareció. Esperanza Herrera Monreal ni siquiera fue buscada. Su cadáver fue encontrado el 8 de diciembre de 2001 en un paraje conocido como “Campo Algodonero”, en las orillas de Ciudad Juárez. Más de ocho años después, el 16 de Noviembre de 2009 la Corte sentenció al Estado Mexicano por su grave omisión para atender la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y en todo el territorio nacional. Esa sentencia, conocida en las medios jurídicos como González y otras vs. México “Caso Campo Algodonero,” marca un parte aguas en la lucha por reivindicar un derecho humano que hasta ese momento era prácticamente desconocido por la sociedad mexicana e impunemente ignorado por las autoridades, el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Este día, como cada año habrá discursos de los gobernadores y presidentes municipales; en la mañanera de AMLO seguramente se publicará algún decreto o se firmará algún pacto para erradicar la violencia contra las mujeres sancionado por organizaciones sociales “a modo”, igual que ocurrirá en la Ciudad de México y las entidades federativas. Las marchas feministas partirán hacia los palacios de gobierno y las madres de las víctimas serán entrevistadas, como cada año, para cubrir el mandato de editores que, como cliché, utilizan sus historias para llenar páginas de textos “de temporada”, igual que hacen el día que inician las clases o cuando cubren las ventas del Buen Fin.
Las activistas participaremos en cuanta conferencia, foro o seminario tengan a bien invitarnos y escribiremos columnas, como ésta, llamando a la reflexión, como cada año. Y como cada año, todo el año, seguiremos trabajando, tratando de incidir en las decisiones políticas y denunciando la omisión de las autoridades, que insisten en minimizar la violencia que sufren las mujeres y las niñas y que las cifras del INEGI y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad pública señalan como alarmantes. Y como cada año, todo el año, nombraremos a las mujeres desaparecidas y haremos hincapié en las simulaciones con las que actúan todos los actores político, todos. Y veremos con tristeza y frustración como se agarran a golpes y rasguños en el H. Congreso de la Unión, como descalifican el trabajo de las defensoras de derechos humanos y como asesinan a mujeres periodistas y activistas. Y seremos observadoras de la violencia política en contra de las mujeres que busca ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones en sus comunidades y veremos la manera cínica en la que los candidatos que quedan fuera por la “maldita paridad” en las candidaturas ponen a sus esposas, amantes y concubinas en curules y regidurías que ellos mueven, muchas veces con violencia, como los hilos de una marioneta. Como cada año.
En 2001 Irma Monreal denunció la desaparición de su hija. Hoy, 25 de noviembre de 2019, dieciocho años después, su caso aun no ha sido resuelto. Han pasado diez años de la emisión de la Sentencia del Campo Algodonero y aun el Estado Mexicano no ha cumplido con todas las obligaciones que le mandataron los y las juezas que sentenciaron a nuestro nuestro país por no asignar recursos para prevenir y erradicar la violencia; por no capacitar correctamente a policías, fiscales, peritos y jueces; por no investigar los feminicidios con apego a protocolos ni con perspectiva de género; por no buscar a las mujeres y niñas porque no valen lo mismo que una camioneta; pero sobre todo por no garantizar a millones de mexicanas una vida libre de violencia. Más sentencias contra México han sido determinadas por la Corte Interamericana, la más reciente el 28 de Noviembre de 2018 en el Caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México” por las violaciones y abusos sexuales cometidos durante las detenciones y el traslado de mujeres en los operativos policiales en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox y del que no recuerdo a ningún Senador de la República, ningún gobernador ni siquiera un humilde alcalde agarrarse a patadas ni romper vidrios ni mobiliario como reclamo a la violación evidente de los derechos humanos de once mujeres a manos de policías. Eso si, todos ellos se echaron sus buenos discursos el 25 de noviembre de ese año, igual que los que hoy ocupan sus lugares harán esta tarde.
Vivir libres de violencia es un derecho humano de las mujeres que debe ser protegido, respetado y garantizado por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Combatir la violencia contra las mujeres y reparar de manera integral los daños causados por esa violencia son parte de las obligaciones que las autoridades adquieren cuando levantan la mano y juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Crear políticas públicas adecuadas, asignar recursos suficientes e implementar acciones afirmativas como vías a lograr la igualdad sustantiva son algunas de las acciones que deben realizar para pagar la deuda que México tiene con sus mujeres. En tanto todo esto no suceda, como cada año el 25 de noviembre, las académicas, las víctimas y las activistas defensoras de las mujeres seguiremos señalando la ilegalidad, las omisiones, pero sobre todo el actuar hipócrita de esos y esas que hace tan solo algunos días se desgarraban las vestiduras en televisión “defendiendo” a la institución responsable de señalar las violaciones a los derechos humanos y que ellos, de manera artera, han ignorado por años, igual que mezquinamente han ignorado a las víctimas, a sus familias y a los miles de comunidades que viven inmersas en la violencia, la trata y explotación sexual de mujeres y niñas.
Vivir libres de violencia es un derecho humano violentado impunemente por las autoridades que conforman el Estado Mexicano mismas que siguen sin entender que su omisión empapa con la sangre de miles de mujeres y niñas las calles de México. Sangre que tiñe sus manos.
