MARICRUZ OCAMPO / NO ENTIENDEN QUE NO ENTIENDEN

VOCES DE MUJERES

Ayer nos despertamos nuevamente con una terrible noticia. Otra joven, reportada como desaparecida desde el 10 de Septiembre fue localizada asesinada en un paraje del Municipio de San Juan del Río. Su ex-pareja ya se encuentra detenido y seguramente será vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La tierra de Memo Vega ha visto más de 10 feminicidios en tan solo 10 meses. En nuestro país son asesinadas 10 mujeres todos los días, 60 por ciento a manos de sus parejas o ex-parejas. El feminicidio es un tema recurrente en las protestas de mujeres, en los coloquios de expertas y en las notas de los medios de comunicación. El reclamo para terminar con la violencia feminicida en nuestro país ha sido objeto de marchas multitudinarias como las que hemos presenciado en los últimos dos meses. La lucha contra el feminicidio nos ha dado sentencias emblemáticas, no solo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que el Estado Mexicano tiene una deuda histórica con sus mujeres y niñas. El feminicidio y su combate fue tema de campañas y cada 25 de noviembre, esos que prometieron luchar contra ese modo extremo de violencia nos regalan discursos vacíos señalando las razones que les impiden actuar con efectividad para erradicar este flagelo que cobra la vida de una mexicana cada 150 minutos. Por eso resulta sorprendente que a 10 años de la sentencia del Campo Algodonero las cifras no solo no disminuyen, sino que van en aumento. ¿Por qué? ¿Por qué, pese a a tanto discurso, a tanto programa, a tantas medidas ha sido imposible reducir esos números? ¿Será que la protección a las mujeres solo se basa en presupuesto mal empleados en programas improvisados? ¿Será acaso que nuestros gobernantes siguen pagando prevendas políticas con las direcciones de las instancias de las mujeres? ¿o tal vez tiene que ver con el machismo y misoginia tan arraigados en nuestros funcionarios que les impide comprender el problema y darle la importancia que realmente tiene? Yo me inclino por esto último.

Nuestros gobernantes y quienes aspiran a serlo insisten en implementar medidas punitivas basando el combate a la violencia contra las mujeres en el incremento de las penas y castigos, como si los hombres agresores, incluidos los que están dispuestos a asesinar a sus parejas con sus propias manos, estuviesen dispuestos a cambiarán sus conductas si se les amenaza con un castigo suficientemente grande. El Estado de México castiga con 70 años de cárcel o prisión vitalicia el feminicidio y sin embargo es la enridad con el mayor número de mujeres asesinadas en el país. Evidentemente la posibilidad de un castigo severo no ha servido para resolver el problema. Nuestros gobernantes, además omiten invertir en identificar y combatir los factores que generan y perpetúan la violencia y prefieren asignar presupuesto a programas reciclados del pasado que han demostrado ser ineficaces. Nuestros gobernantes no comprenden que las instancias de las mujeres deben contar con los recursos suficientes, tanto económicos como humanos para realizar su labor con efectividad y sus directoras deben ser consideradas como una parte central de sus gabinetes, a fin de transversalizar la lucha contra la violencia feminicida. Nuestros gobernantes han limitado la protección de la integridad física de las mujeres que sufren violencia extrema a la presentación de la denuncia penal por maltrato, cuando sabemos que en ocasiones esto es materialmente imposible para las mujeres que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Los riesgos que corre una mujer que ha sido amenazada, agredida o lesionada por su pareja o ex pareja deben ser tomados con la más absoluta seriedad. Los análisis de riesgo realizados de manera correcta, las casas de transición donde pueden resguardarse en tanto pueden acceder a sus redes de apoyo y los refugios para mujeres víctimas de violencia donde puedan albergarse con sus hijos e hijas son indispensables para proteger sus vidas. Nuestros gobernantes desestiman la necesidad de implementar un sistema interinstitucional que cuente con la capacidad para actuar en la protección de una víctima potencial de feminicidio. Por eso es indispensable que exista un grupo de funcionarias expertas que, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, analicen todos los casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para identificar errores y aprender de ellos con el objetivo de proteger a las víctimas y prevenir conductas que las dañen.

Todo lo anterior son solo algunos ejemplos de que nuestros gobernantes no entienden que deben dejar de repetir los mismos patrones que no han dado resultado hasta ahora. ¿Cómo entonces pueden combatir este tipo de violencias? En primero lugar alejándose de la idea ingenua de que el feminicida potencial puede ser tratado como un delincuente común y que la violencia feminicida se erradica con programas sociales y más policías. La raíz del problema radica en la naturalización del dominio y control del hombre sobre la mujer que permea todos los aspectos de nuestra cultura y que perpetúan situaciones de violencia que elevan el riesgo de las mujeres de sufrir una agresión mortal.

Pero nuestros gobernantes tampoco entienden que no entienden que deben analizarse a si mismos e identificar como sus propios comportamientos sexistas contribuyen a perpetuar roles y estereotipos de género dentro de la función pública; no entienden que deben examinar el rol que juegan cuando solapan a hombres abusivos dentro de sus círculo cercanos; no entienden que deben actuar con firmeza frente a actos sexistas de sus colaboradores pero también de sus amigos; no entienden que los mirones no son de palo y que cuando deciden no opinar sobre violencia masculina, la están apoyando; no entienden la importancia de educar a sus hijos sobre su responsabilidad en el combate a la violencia contra las mujeres; no entienden que es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres no finalizará· hasta que ellos no decidan volverse parte de la solución; no entienden que como servidores públicos deben asumir un rol activo para generar los cambios sociales y culturales que desnaturalicen la violencia contra las mujeres; no entienden que excusar el comportamiento de los hombres que actúan de forma violenta contra mujeres como algo inherente a la naturaleza masculina contribuye a perpetuar estereotipos de género que propician más actos violentos; no comprenden su responsabilidad para generar políticas públicas eficaces que permitan educar dentro de las escuelas públicas a niños y hombres responsables. Pero sobre todo no entienden que la violencia feminicida no terminará hasta que aprendan a escuchar a quienes entienden la violencia de génro mejor que nadie. A las mujeres.

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