MARICRUZ OCAMPO / LOS DUEÑOS DE LA VERDAD

VOCES DE MUJERES

El autor israelí Yuval Noah Harari escribe en su libro “21 Lecciones para el Siglo 21” una interesante reflexión sobre las diferentes formas en las que las personas vemos a Dios y concluye que por lo general hablamos de Dios de dos maneras. Unos se refieren a Dios como un grande y maravilloso enigma del que no sabemos nada y al que invocamos para explicar los más profundos acertijos del cosmos y en un acto de humildad damos a nuestra ignorancia el grandioso nombre de Dios. Este es el Dios de los filósofos, el Dios del que hablamos cuando nos sentamos alrededor de una fogata por la noche mientras nos preguntamos el sentido de la vida contemplando las estrellas. Pero otras personas ven a Dios como un ser estricto que promulga leyes inflexibles para regular nuestro paso por la tierra. Esas personas profesan saber exactamente que piensa Dios de la moda, la comida, el sexo y la política, y con frecuencia invocan a este furioso señor del cielo para justificar leyes, decretos, conflictos, discriminación, esclavitud y hasta genocidios. A ese Dios le molesta que las mujeres utilicen ropa corta, que dos hombres tengan relaciones sexuales entre ellos o que los adolescentes se masturben. Ese Dios prohibe a unos consumir todo tipo de alcohol, cuando a otros, el mismo Dios, les demanda que tomen vino todos los viernes por la noche. La característica fundamental de ese severo juez es que ha dejado a cada grupo un texto único, diferente al del vecino para que mediante su interpretación individual y colectiva concluyan que le gusta y que no le gusta. Ese es el Dios de los cruzados y los jihadistas, el Dios de la inquisición y de la cacería de brujas, el Dios de los chalecos explosivos y la discriminación. Ese es el Dios del que hablan cuando se paran alrededor de las hogueras, mientras arrojan piedras e insultos a los herejes que queman en ellas. Ese Dios intolerante no pertenece ni es único de un grupo en particular ni de una doctrina determinada. Ese Dios por lo general va de la mano del ejercicio del poder y quien posee el poder o quien se encuentra cerca del poder no puede permitir que otras personas piensen de un modo distinto al suyo por eso claman a voz de jarro la posesión absoluta de la verdad.

Hace unos días un funcionario público adscrito a la Secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro comentó en una red social que deberían desterrarme del Estado por pretender cambiar las leyes locales para garantizar el respeto a los derechos humanos, sobre todo de las personas LGBTI+, las mujeres y las niñas. Debo aclarar que no conozco a esta persona y por lo mismo tampoco he tenido la oportunidad de entablar un diálogo con él para poder comprender sus objeciones a mi trabajo. Sin embargo, compañeros y amigos me hicieron el favor de allegarme ejemplos de las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales y de declaraciones públicas realizadas como parte de su labor en el gobierno estatal. La revisión de esos textos me permite atreverme a concluir que es una persona de fe que, desde una profunda convicción doctrinal considera incorrecto que las personas que infringen los señalamientos que él considera divinos tengan y gocen de los mismos derechos que aquellos que se apegan a los textos religiosos y doctrinas que él profesa. Considero que está en todo su derecho, aun cuando estoy en desacuerdo con su forma de expresarse, porque una de las libertades garantizadas por nuestra Carta Magna es el derecho a elegir y practicar el culto que escoja con plena libertad así como a expresarse de la manera que considere apropiada.

Sin embargo me preocupa que, como parte de la institución responsable de garantizar la separación entre las iglesias y el estado, los queretanos dependamos de una persona que evidentemente considera que sus convicciones personales están por encima de la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte. También me preocupa que tengamos como integrante de la autoridad administrativa local, en un puesto de toma de decisión, a un funcionario que se cree con el derecho de emitir acusaciones terribles en contra de ciudadanos y ciudadanas al amparo de un cargo público como lo hizo en mi caso al llamarme asesina. Como funcionario al servicio de los queretanos y queretanas debería saber que de tener conocimiento de un hecho delictivo, como parece ser su caso, debe denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado sobre todo cuando refiere que una servidora ha cometido un delito sancionado en el numeral 125 del Código Penal de Querétaro y que conlleva prisión preventiva oficiosa.

Independientemente del daño moral que esto pudiera causarme, lo verdaderamente preocupante es que no es el único funcionario público que en últimas fechas pareciera haber incorporado su opinión y creencias personales a la política pública, escudándose en el puesto que ocupa en el gobierno para atacar desde los espacios que le abre el estado a defensoras y defensores de derechos humanos y causas sociales que pugnan por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; por abrir nuevos espacios para las niñas y mujeres en la sociedad; por el reconocimiento y respeto a las diversidades sexuales; por el bien morir; la autonomía plena y el libre desarrollo de la personalidad, avivando con su denostación pública la disputa cultural que surgió como contra ola al reconocimiento pleno de los derechos humanos y a lo que personas, que en su mayoría comulgan con doctrinas fundametalistas y ortodoxas, se oponen de manera vehemente.

Si a eso sumamos las agresiones físicas sufridas por compañeras y compañeros activistas por su oposición a la construcción de ejes del sistema de transporte público que impactan de manera negativa el medio ambiente; a las denuncias contra defensores y defensoras por delitos inexistentes interpuestas ante fiscalía por una legisladora; a las detenciones arbitrarias de personas adultas mayores que defienden su patrimonio; a las descalificaciones de altos funcionarios a señalamientos sobre la violencia feminicida y las desapariciones en el estado podemos identificar con claridad un patrón de conducta cada vez más evidente, el de la intolerancia a la labor de la sociedad civil organizada que pugna por el respeto de los derechos humanos. Y si aunado a ello consideramos la negativa de funcionarios y servidores de enmendar su actuar cuando han sido señalados por violentar el derecho al trato digno y a la igualdad de grupos en situación de vulnerabilidad, argumentando que discriminar de manera pública es parte de su derecho ilimitado al ejercicio de la libertad de expresión y el libre pensamiento, amenazando con enjuciar a la cabeza del organismo encargado de proteger los derechos humanos por hacer su trabajo y señalar las violaciones a la norma, podemos concluir que en Querétaro, para muchos funcionarios y funcionarias el prejuicio, la superstición y el dogma personal están por encima de los derechos de terceros. Ingenuamente una pensaría que, lo menos que podemos esperar de ellos los ciudadanos es el respeto a las instituciones, a la Constitución y a los Derechos Humanos. Evidentemente, en Querétaro no es así.

Regreso a la reflexión de Yuval Noah Harari, la hago mía y me declaro una de aquellas personas que siempre se sentarán alrededor de la fogata para hablar de los misterios del universo y aun cuando no estoy de acuerdo con muchas expresiones que nacen de dogmas y prejuicios reconozco la libertad de quien así lo desee de pararse junto a la hoguera, siempre y cuando no violente los derechos de otras personas en nombre de su Dios.

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