Maricruz Ocampo

COLUMNA INVITADA

“Nubes negras”

El embarazo de niñas entre los 10 y los 14 años aumentó en nuestro país y nuestro estado de acuerdo al Resumen Ejecutivo “Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años” del Consejo Nacional de Población. Estos embarazos no solo colocan a las menores en un alto riesgo en términos de salud, sino que también limitan sus oportunidades y las exponen a vivir pobreza y marginalización. Muchos de estos embarazos en niñas menores de 14 años resultado de abuso sexual, violación e incesto son invisibilizados por las autoridades violentando así sus derechos humanos. Las niñas y adolescentes, además son impedidas de acceder a información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos por consejos “técnicos” conformados por padres, madres y maestros que argumentan sus prejuicios religiosos como sustento para decidir que información proporcionar en las escuelas evitando así que las jóvenes adquieran herramientas vitales para su libre desarrollo y el disfrute de su autonomía. Se enfrentan, además, a violencia institucional al denunciar delitos contra su libertad sexual que se reflejan en actos de omisión y revictimización.  A todo esto hay que sumar la falta de voluntad política de las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno quienes nos dan ejemplos constantes de la poca importancia que reviste los derechos humanos de niñas y mujeres en nuestro estado y nuestros municipios.

El 27 de Noviembre de 2017 la LVIII Legislatura de Querétaro aprobó importantes reformas al Código Penal y Código Civil encaminadas a proteger a las niñas y jóvenes. Entre otras cosas en ellas se eliminaban todas las dispensas para matrimonios de menores de 18 años, se convertía en delito tener relaciones sexuales con menores de 14 años y al hombre que provocará un embarazo por violación se le condenaba a perder los derechos de patria potestad sobre el bebé resultado de la comisión del delito pero se le exigía la obligaciones de pagar alimentos. Desafortunadamente, por casi un año el gobernador Francisco Domínguez Servién decidió no publicar y convertir en ley estas reformas a nuestros códigos. Las razones para esta grave dilación solo él las conoce. Sin embargo es un hecho que al ser omiso en el cumplimiento de su responsabilidad Pancho Domínguez es culpable de actuar en contra de los derechos humanos de miles de niñas y del incumplimiento de sus obligaciones constitucionales de promover, respetar proteger y garantizar esos derechos en todo momento. Finalmente, después de mucha presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de activistas que defienden los derechos de mujeres y niñas, las reformas fueron publicadas el 15 de Octubre del 2018 en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” para su entrada en vigor. Espero que sirvan para garantizar una mayor protección a cientos niñas y adolescentes que ven vulnerados sus derechos.

Lo más desalentador es que en nuestro Estado no existe un contrapeso ni en la legislatura ni en el poder judicial que supervise y exija al ejecutivo estatal cumplir con su obligación de trabajar de manera eficaz y eficiente, asignando todos los recursos necesarios para prevenir la violación de los derechos de cientos de miles de mujeres y niñas en Querétaro tal como se lo mandatan la propia Constitución y los tratados internacionales en la materia.

El panorama que se vislumbra en el horizonte queretano de los derechos humanos y erradicación de la violencia para los tres últimos años de Pancho  Domínguez es como una amenazante nube negra sobre nuestras cabezas que no tiene para cuando disiparse.

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