Maricruz Ocampo

COLUMNA INVITADA

“PANzazo”

De acuerdo a los estándares internacionales y contrario a lo que pregona por el mundo el gober viajero, Querétaro,  aun cuando está por arriba de la media nacional  está reprobado en el “Índice del Estado de Derecho del World Justice Project” al obtener 0.43 de calificación. (La calificación va de 0 a 1, siendo 0 la más baja y 1 la más alta). Basta con leer con analizar los números para darnos cuenta.

Si bien nuestro estado está en 7o lugar nacional en el “Índice del Estado de Derecho” obtuvo el deshonroso último lugar en la categoría de “Gobierno Abierto” con 0.27 de calificación. En el rubro “Límites al Poder Gubernamental” el Tribunal Superior de Justicia tiene un tibio 0.5 y los organismos de fiscalización y control un pésimo 0.3. En ese mismo tenor cuando se determina si los funcionarios del gobierno estatal son sancionados cuando abusan de sus funciones o no cumplen con la normatividad la calificación es 0.33. 

El Poder Legislativo del Estado obtuvo un 0.42 de calificación cuando se evalúa si funciona como contrapeso eficaz del gobierno estatal y en el área de “Ausencia de Corrupción” solo le dieron un penoso 0.28 cuando se califica si los funcionarios de la legislatura abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. Los funcionarios del Ejecutivo obtuvieron 0.44. el Poder Judicial 0.48 y Fiscalía 0.47. Ninguno pasó.

Tal vez lo más preocupante para una servidora son las bajísimas calificaciones que reflejan la voluntad del gobierno estatal de permitir la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones donde Querétaro está en los últimos lugares nacionales con 0.23 así como en acceso a la información pública con sólo 0.32.  En lo que respecta a la protección de derechos fundamentales nuestro estado solamente aprueba en la protección al derecho a la libertad religiosa y de culto con un no sorprendente 0.74, sin embargo en lo que se refiere a trato igualitario y no discriminación solamente alcanza 0.4 de calificación. Tampoco se destaca en el cumplimiento de la normatividad ya que con un 0.44 es claro que las regulaciones gubernamentales no se cumplen de manera efectiva ni tampoco se garantiza el debido proceso en los procedimientos administrativos ni la resolución y eficiente de los mismos que obtuvieron 0.3 y 0.35 respectivamente.

En materia de justicia civil tampoco nos va muy bien que digamos ya que solamente estamos arriba de la media nacional en dos rubros “imparcialidad, independencia y no corrupción del sistema de justicia” con 0.44 y en la accesibilidad de los mecanismos alternativos de solución de controversias con 0.51. En todos los demás aspectos las calificaciones no son nada alentadoras ya que cuando se califica la facilidad para resolver problemas legales y sin altos costo tenemos un 0.23 y en lo expedita de la justicia queretana solo 0.28. Finalmente, y tal vez más importante es la terrible calificación en investigación del delito por parte de fiscalía que tiene un bajísimo 0.28.

No es la primera vez que los números nos muestran una realidad distinta a la que el gobierno de Pancho Domínguez nos ha querido vender por los últimos tres años. Tal vez sea necesario aplicarle una de esas de las mamás de antaño y prohibirle salir a vagar por el planeta hasta que suba sus calificaciones.

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