Maricruz Ocampo

COLUMNA INVITADA

Los corruptores y los corruptibles

Hace algunos ayeres en una comida de esas a las que vas porque tienes que ir, coincidí con un renombardo político queretano y un empresario de alcurnia que también tenían que comer en algún lado y pues ahí estaban. La plática obligada me llevó a preguntarles su opinión sobre algo que se había aprobado ese día en Querétaro y que era nota en todos los medios locales, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción. En ese momento se animó la cosa y la discusión derivó en torno a dos preguntas ¿es posible que el gobierno, de la mano de los zares de la industria privada y los sindicatos puedan realmente combatir la corrupción y la impunidad? ¿Realmente existe un interés más alla de investirse de santidad de acabar con la forma de enriquecimiento más practicada por funcionarios públicos, líderes sindicales y patrones? Terminamos la comida en un amable desencuentro porque ellos decían que si y yo decía que no.

Poco después de la elección de AMLO, con un congreso queretano donde el PRI había pasado al tercer lugar y un PAN al que solo le faltaba un voto para continuar siendo mayoría (que no tardó ni 5 minutos en conseguir) nos volvimos a encontrar. Después de los saludos obligados y las sonrisas chuecas para las fotos nos sentamos a comer y retomamos el tema, pero ahora acompañados por otros y otras, algunos de los cuales, después de un largo análisis de “conciencia” se habían cambiado de camiseta y saltado a otro partido, porque el suyo se estaba hundiendo. Nuevamente la conversación giró en el combate a la corrupción, especialmente porque fue una de las promesas de campaña más recurrida, no solo del nuevo jefe del ejecutivo federal pero por ser la frase que repitieron una y otra vez candidatos y candidatas de todas las corrientes políticas. La plática, que se daba con voces bajas y acercándonos al centro de la mesa por la nombradera que se hacía, concluyó en que sería muy difícil reducir la corrupción porque para hacerlo había quitarles sus cotos de poder a 32 caciques-gobernadores y más de 2,500 caciques-ediles y a todos su secretarios, directores y miles de funcionarios acostumbrados al cochupo sin contar con una parte determinante de la ecuación, millones de ciudadanos y ciudadanas que, a lo largo de los años, de manera voluntaria o no habían formado parte de un sistema de mordidas, sobornos y extorsiones. Yo, siempre la eterna optimista opiné que si el nuevo gobierno federal solamente se dedicaba al combate a la corrupción y lograba reducirla aunque fuera un poquito, nuestro país cambiaría, por lo que me llevé el premio a la más “i…nocente” de la mesa.

Hace unos días, se dio a conocer una grabación supuestamente del Secretario del Trabajo del gobierno de Pancho Domínguez, Jose Luis Aguilera Rico, con los hermanos Celia y Noe Ojeda, dirigentes sindicales de ASTRAC en donde aparentemente negocian con él la toma de nota de su agrupación, un levantón y el reembolso de $100 mil pesos que pareciera entregaron al Secretario por “tomarse la molestia” de resolverles sus broncas. El gobernador inmediatamente le pidió a Aguilera separarse del cargo, instruyó a Contraloría a atender el caso y pidió (no parece haber hecho la denuncia) a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Benjamín Vargas Zalazar, que investigue penalmente. A propósito, este fiscal rindió su segundo informe apenas hace unos días y reportó que en 2018 se abrieron en todo el estado y los 18 municipios solamente 40 expedientes de investigación por delitos como cohecho, desempeño irregular de funciones, peculado y negociaciones ilícitas entre otros, de los cuales solamente se vinculó a proceso a 19 personas, 17 servidores públicos y 2 particulares. Y se que algunos me diran “¡qué bueno!” pero mi contra pregunta es ¿no les parece super poquito? 

Estoy segura que si en verdad se combatiera la corrupción en nuestro estado, nuestras cárceles se desbordarían de delincuentes de cuellos blancos y azules acostumbrados a la corbata y la fiscalía especializada no se daría abasto pues serían muchos, muchos más de 40 expedientes por año, pero sobre todo el Gobernador no tendría que pedir la renuncia temporal de un servidor público (como en el caso de Aguilera) porque por dignidad cualquier funcionario íntegro la habría presentado inmediatamente al caer bajo la mínima sospecha de ilegalidad y por supuesto no se dejaría de señalar que en casos de corrupción siempre hay alguien que le levanta la pata a la vaca, como los hermanos Ojeda, quienes también deberían ser investigados por la fiscalía y removidos de inmediato por su sindicato.

Y volvemos a la discusión de sobremesa, en la que durante el café y justo antes de levantarse de la mesa, nuestra celebridad política dijo algo que a mi me explica todo “La corrupción en Querétaro y México nunca terminará mientras los grandes corruptores sean los responsables de vigilar y denunciar a los grandes corruptibles.”

Punto.

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