Maricruz Ocampo

VOCES DE MUJERES

La pulserita es lo de menos

Durante los últimos días varios medios de comunicación han destacado la colocación del primer brazalete electrónico de monitoreo vía GPS como medida cautelar en Querétaro. El “afortunado ganador” es un hombre vinculado a proceso por agredir a 9 jóvenes en un bar del Centro Histórico después de la marcha feminista para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres el 8 de Marzo. Es innegable que el uso de nuevas tecnologías es muy interesante y llama la atención su aplicación dentro del sistema de justicia penal, sin embargo también debería llamar nuestra atención cómo la mayoría de las notas periodísticas rápidamente relegaron a un segundo plano el ataque que sufrieron las jóvenes feministas. Por eso creo que vale la pena hacer un análisis del entorno que vivimos y que motiva a muchos hombres a agredir a mujeres desconocidas, sobre todo a aquellas que abiertamente exigen el respeto a sus derechos y la erradicación de la violencia.

En primer lugar debo llamar la atención al discurso de odio que en redes sociales comparten figuras públicas como la Diputada Elsa Méndez, quien, con frecuencia publica propaganda contraria al respeto del estado laico y que promueve la violación de los derechos humanos y la violencia en contra personas de las comunidad de la diversidad sexual y las mujeres. Aun cuando esto ha sido señalado en más de una ocasión por diversas organizaciones sociales y activistas no ha merecido el rechazo público de sus compañeros de la LIX Legislatura ni por parte de los organismos responsables de proteger los derechos humanos.

En segundo lugar quiero referirme a la falta de compromiso de muchos actores políticos para atender con seriedad la lucha en contra de la violencia de género, en especial en materia de acoso, hostigamiento y abuso sexual en el ámbito comunitario. Esta violencia, tan naturalizada, se ve reflejada en agresiones a mujeres en espacios públicos de la capital queretana y otras comunidades sin embargo en ningún programa de comunicación social de los 18 municipios ni del gobierno del estado observamos campañas efectivas, bien diseñadas pero sobre todo visibles que promuevan el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género.

En tercer lugar debo señalar la evidente falta de capacitación, sensibilización y soluciones factibles para atender la violencia de género que muestran nuestras autoridades. Los comentarios realizados por el Secretario General de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas y la falta de respuesta por parte del Secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca, ponen de manifiesto que en realidad éste no es un tema relevante para la administración de Luis Bernardo Nava, por más anuncios públicos que haga. Es claro que ni él ni sus Secretarios entienden que no basta con dar pláticas esporádicas al funcionariado medio y bajo, sino que es necesario que todos los directivos de alto nivel que laboran en el Municipio se capaciten para que comprendan la problemática, incluidos los eminentes Señores Secretarios. El “Usted perdone” no basta para erradicar la violencia contra las mujeres. Se requiere, además del discurso, el fortalecimiento del Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro asignándole los recursos necesarios para hacer su trabajo (750 mil pesos no alcanzan para nada) y contratar y retener personal calificado para implementar los programas de transversalización de manera efectiva dejando fuera a todas las personas que llegaron por amiguismos y que no aportan nada para resolver la problemática. En tanto eso no ocurra todas sus “soluciones” serán cosméticas. (Lo mismo va para el gobierno de Pancho Domínguez, pero por razones de espacio le pido al lector releer este párrafo cambiando los nombres por los de los secretarios carnales).  Es también necesario hacer hincapié en la responsabilidad de la Fiscalía General y el Poder Judicial de Querétaro. La Fiscalía está obligada a realizar una investigación profesional con perspectiva de género que además siente un precedente para la correcta aplicación de la justicia en dos delitos que hasta la fecha no han sido tipificados correctamente en Querétaro, la discriminación y la violencia de género.  También es de suma importancia que los jueces analicen la evidencia que se les presente aplicando correctamente el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. En tanto no se lleven a cabo las diligencias necesarias y no se atiendan las violaciones a los derechos humanos con seriedad no veremos nunca el fin de la impunidad que gozan los agresores que promueven el odio contra una persona o un grupo de personas por razones de su género, origen étnico o preferencia sexual.

Las manifestaciones colectivas en pro de los derechos humanos han logrado las grandes reformas a la normatividad mexicana, incluido el reconocimiento constitucional de todos los derechos a todas las personas y la prohibición de la discriminación. Sin embargo, aun cuando los derechos humanos están garantizados en los tratados internacionales y en nuestra Carta Magna, sus principales violentadores siguen siendo los funcionarios y funcionarias que consideran que sus prejuicios, creencias, supersticiones y estereotipos están por arriba de la ley. El caso de la Diputada Méndez, quien hace solo unos días en plena sesión de la LIX Legislatura gritó vítores al Obispo; la negativa del PRI-AN queretano de corregir la inconstitucionalidad del Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas a contraer matrimonio; el rechazo del munícipe queretano de acatar íntegramente las recomendaciones de la DDHQ; la tibieza del gobernador para cumplir con las recomendaciones derivadas de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género y la intromisión del clero en la creación de política pública son solo una pequeña parte de la enorme lista de acciones y omisiones que contribuyen a violentar los derechos de las mujeres y niñas queretanas, particularmente de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por el color de su piel, su posición y condición dentro de la sociedad, su estado civil, por decidir sobre sus cuerpos o por lo que hacen en sus camas. El discurso de odio de servidores y representantes públicos que incita a la violencia, la impunidad de la que gozan los agresores por la negativa de las autoridades de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento expreso de nuestro gobernantes de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos son factores que propiciaron la agresión que sufrieron las jóvenes el 8 de Marzo cuando festejaban el haber marchado el el Día Internacional de las Mujeres. Eso es lo que debería estar en primera plana.

La pulserita es lo de menos.

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