Maricruz Ocampo

VOCES DE MUJERES

Al toro por los cuernos

Por la mañana se me acercó una niña de 14 años vestida con su uniforme de la escuela y su cabello largo y negro atado en una cola de caballo. Acaba de enterarse que está embarazada como resultado de una violación por su ex pareja hace unas semanas. Me contó que tiene mucho miedo porque él la ha amenazado si denuncia lo ocurrido y también está aterrada de decirle a su mamá porque no sabe como va a reaccionar; su papá no figura en su vida desde hace años y me dice que es lo mejor porque ella y su mamá sufrían violencia. Me preguntó cuales son sus opciones con la desesperanza que he visto tantas veces en los ojos de niñas, jovenes y mujeres que han vivido la violencia más extrema en carne propia. Le compartí la información que me pedía y la referí al IQM para que le den una mayor asesoría. Su historia la he oido muchas veces, pero me duele más cuando la escucho en la voz de una chiquita que se enfrenta al terror del futuro incierto. Es una historia que conozco bien y que se que termina mal. El caso de está niña (14 años es una niña) me ha llevado a pensar nuevamente en la ríspida discusión que se está dando en México y en otros países de nuestro Continente sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. En lugar del diálogo que debería permitirnos exponer diversos puntos de vista se insiste en argumentar desde dogmas, estigmas, insultos y prejuicios sin ofrecer alternativas. 

La interrupción del embarazo no constituye un método anticonceptivo, es un último recurso que implica una decisión terrible que en mi opinión nunca debe tomarse a la ligera. Si bien yo estoy convencida de que todas las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencia y a la plena realización de sus vidas (lo que incluye nunca vivir la maternidad como un castigo impuesto por la sociedad)  también estoy de acuerdo en que se deben explorar e implementar opciones viables como la educación sexual científica y obligatoria; el acceso sin restricciones a métodos anticonceptivos; guarderías y lugares dignos para lactar por periodos extendidos de tiempo en escuelas, universidades, fábricas y oficinas y procesos de adopción menos burocráticos y más humanos en caso de que una mujer decida continuar con el embarazo pero no con la maternidad. Lo que no comparto es la imposición de ideas a otras personas y el afán de castigarlas por no adherirse a ellas. La despenalización de la interrupción del embarazo lo único que pretende es no castigar penalmente a las mujeres por decidir sobre su circunstancia particular misma que le afecta de manera específica y que en muchos casos es consecuencia de violencia, carencias económicas extremas y falta de acceso a métodos anticonceptivos por sus condiciones de pobreza y marginación. La despenalización de la interrupción del embarazo solo elimina la posibilidad de prisión a las mujeres que no tienen las mismas oportunidades, opciones y protección con que cuentan las mujeres más privilegiadas.

La interrupción del embarazo ya está legislada en nuestras leyes en caso de violación por eso, en teoría, todos los hospitales del sector público del país y del estado están obligados por la NOM-046 a prestar atención médica a víctimas de violación que deciden terminar la gestación, sin embargo muchos trabajadores de la salud se niegan a cumplir con esa obligación. Si a eso sumamos que las denuncias por violación ante las autoridades son un calvario para las víctimas porque se ven sometidas a vejaciones por la Fiscalía y médicos legistas que desconocen los protocolos la situación de las víctimas se agrava, sobre todo para las más penalizadas por la falta de políticas públicas e incapacitación de funcionarios, es decir las mujeres más pobres y más jóvenes, que se ven obligadas a continuar con el embarazo producto de la violación y la consecuente maternidad como un castigo o acuden a procedimientos clandestinos. Esto es distinto para las mujeres que cuentan con recursos económicos y redes de apoyo pues pueden pagar la interrupción de su embarazo en el mismísimo Querétaro, en un consultorio médico o en un Hospital o pueden viajar a Ciudad de México o al extranjero. Son las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad (económica, social, por su edad, educación, lugar de residencia, situación de violencia o las que son discriminadas por su origen étnico) las que con frecuencia ponen en riesgo su vida y su libertad por su decisión de no continuar con su embarazo. Además, debido a la falta de claridad en la aplicación del tipo penal, muchas mujeres mexicanas, la mayoría en situación de vulnerabilidad, han pasado y están pasando años en prisión, sentenciadas por los delitos de aborto y homicidio calificado tras ser acusadas, sin pruebas científicas por el personal médico al que acudieron a recibir atención por partos fortuitos o abortos espontaneos, que ocurren en 1 de cada 4 embarazos de manera natural.

En Islandia, Suecia, Dinamarca, Canadá, España, Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra, por mencionar algunos, se permite la interrupción legal del embarazo; todos estos países cuentan con políticas públicas adecuadas en cuestiones de salud reproductiva y educación sexual así como la penalización estricta de los padres deudores de pensión alimenticia por lo que las mujeres recurren menos a la interrupción del embarazo que en países donde se realiza de manera clandestina. De acuerdo con la OCDE México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años y el número de embarazos en nuestras adolecentes es el mayor del continente, por lo mismo el número de procedimientos que se realizan en la clandestinidad es muy alto, con excepción de la CDMX. Tristemente la interrupción del embarazo es y siempre ha sido una alternativa a la que las mujeres, jóvenes y niñas mexicanas recurren a pesar de la posibilidad de perder su libertad o de poner en riesgo su salud y sus vidas. La única manera de limitarlo es asegurarnos que todos los y las jóvenes tengan acceso a métodos efectivos que les protejan y a la información fidedigna que les permita tomar las decisiones más adecuadas para ejercer su sexualidad sin riesgos. Es necesario combatir la violencia obstétrica y señalar a los médicos que se niegan a esterilizar a las mujeres que voluntariamente acuden a ellos porque “son jóvenes” o porque “necesitan la autorización de sus maridos”. Debemos realizar campañas e implementar políticas públicas efectivas para que los hombres se involucren en la crianza y en las labores domésticas. Debemos enseñarles a perderle el miedo a la vasectomía. Debemos obligar a los padres irresponsables a pagar la pensión alimenticia de todos sus hijos y a asumir la responsabilidad que la ley les confiere. Pero sobre todo debemos dejar de criminalizar las decisiones personales de las mujeres, porque ellas son las únicas que pueden opinar sobre su caso particular.

La interrupción del embarazo ocurre en todo nuestro país todos los días. Sin embargo al ser en la clandestinidad no existen los límites que se imponen en la ley en cuanto al número de semanas de gestación; no se informa a las mujeres sobre opciones como la adopción ni tampoco de los riesgos asociados con el procedimiento como son la infertilidad, la esterilidad y las infecciones que pueden sufrir como consecuencia de un trabajo mal realizado en condiciones de poco o nulo higiene; tampoco reciben acompañamiento psicológico si lo requieren ni se les informa de la posibilidad de perder la vida como consecuencia de una intervención realizada por personas sin conocimientos médicos.

La interrupción del embarazo es una realidad en nuestro país y en todo el mundo desde hace cientos de años y es un toro al que tarde o temprano tendremos que agarrar por los cuernos.

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