Maricruz Ocampo

VOCES DE MUJERES

Aí no

El 18 de febrero, la Secretaria de Salud suspendió la convocatoria pública para la para asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres que viven violencia extrema, en respuesta a la circular signada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de febrero donde ordena “no transferir recursos a ninguna organización social, civil o ciudadana”. Esta acción generó una movilización nacional de mujeres activistas, senadoras y diputadas federales y locales que de manera enfática exigieron al gobierno federal rectificar esta acción violatoria de los compromisos internacionales que en materia de erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas ha adquirido el estado mexicano. El gobierno federal dió marcha atrás el 23 de febrero por la tarde con el “Usted disculpe, fue un error” que se ha vuelto frecuente en la administración de AMLO.

Este es un tema sumamente grave. Como alguien que ha acompañado a las madres de mujeres víctimas de feminicidio me genera una gran preocupación la eliminación de programas surgidos desde la ciudadanía que ha emprendido el gobierno federal argumentando estas acciones como parte de su estrategia para eliminar la corrupción y la impunidad. Si bien es cierto que hay organizaciones sociales que de manera corrupta han utilizado recursos públicos y han participado con partidos políticos en el clientelismo electoral, incluido MORENA, también es cierto que con estas acciones del gobierno federal pagan justas por pecadores. Su proyecto de “cortar de tajo” los subsidios pone en una situación precaria a la organizaciones sociales honestas que trabajan todos los días en suplir las deficiencias de un estado omiso en la protección de los derechos de los derechos de mujeres y niñas acompañando a víctimas, diseñando políticas públicas, generando proyectos productivos y recibiendo en los refugios a miles de mujeres que corren el riesgo de perder la vida por no tener a donde ir en un país donde 9 mujeres son asesinadas todos los días, la mayoría en sus casas y a manos de sus parejas y ex parejas.

Estoy de acuerdo en que se realicen acciones para terminar con la corrupción que azota al país, pero también creo que se deben realizar de forma estudiada, fundada y motivada. Por eso me parece lamentable que la actuación del gobierno federal desde que asumió el poder, manifieste una falta de sensibilidad hacia las condiciones de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad además de un desconocimiento patente o de plano una falta de voluntad política chocante para aplicar la perspectiva de género y el enfoque basado en derechos humanos que les mandata la Constitución y los tratados internacionales como CEDAW y la Convención de Belen do Pará.

La decisión del Ejecutivo Federal de suspender los subsidios para los refugios (aun cuando haya rectificado) no es la única acción que pone de manifiesto lo anterior. Desde el 1o de diciembre las activistas del movimiento por los derechos humanos de las mujeres hemos tenido que enfrentarnos al recorte del presupuesto del Anexo 13; la disminución y limitación en el acceso a guarderias e instancias infantiles; la descalificación del presidente y la consecuente exclusión de las organizaciones ciudadanas en la generación de políticas públicas; la disminución de recursos a los programas proigualdad para estados y municipios; el retraso de más de tres meses para el nombramiento de la presidenta de INMUJERES y la falta de la responsable de verificar la implementación de las Alertas de Violencia de Género en la CONAVIM. De no haberse revertido la eliminación del subsidio para refugios administrados por las OSCs se habría puesto en riesgo a más de 20,000 mujeres que han vivido y viven la violencia más extrema a manos de sus parejas y ex-parejas y que no cuentan con redes de apoyo para su protección.

En México, la defensa de los derechos humanos la hacemos en gran medida personas que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, un trabajo que además nos pone en riesgo en un país violento como el que estamos viviendo. Yo, como muchos mexicanos y mexicanas, voté por el proyecto que nos prometió la transformación de México con una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo no estoy de acuerdo en que, en su afán por lograrlo, se realicen acciones precipitadas que descalifican y comprometen nuestro trabajo. Acciones sin sustento y sin orden que lastiman a las mujeres, niños y niñas más vulnerables de nuestra sociedad y que en el discurso público desdeñan la aportación que las y los defensores de los derechos humanos hacemos a nuestras comunidades.

Así no.

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