CONCIENCIA PÚBLICA
En un mundo donde la desigualdad es una constante y las proporciones del 80-20 y hasta 90-10, en la concentración de la riqueza y el nivel del ingreso se mantienen inalterables, es evidente que se debiera estar a favor de los que menos tienen y los que menos ganan al ser mayoría, siendo un principio de justicia y equidad al que la humanidad no puede renunciar.
En México, el 41.9% de la población: 52.4 millones viven en pobreza, según CONEVAL y hasta 2018 solo se había logrado reducir en 3 puntos este indicador respecto a la década anterior, dato que no es menor si consideramos que la población creció en 1.4 por ciento.
Este dato, por sí mismo justifica el énfasis que el titular del poder ejecutivo pone al afirmar que en este gobierno primero los pobres, sin embargo, en el contexto actual de las acciones gubernamentales, decir que primero los pobres suena más a recurso demagógico que a verdadera política pública. Resulta además en un proyecto de gobierno excluyente con tintes más de consolidación de poder político que de atender las urgentes prioridades de la nación. Es ignorar, por formación ideológica o clasista, que en México el 42.4 de los hogares en donde viven 40 millones de mexicanos son de clase media (INEGI, ENIGH 2010) y que ésta ha crecido en mayor proporción que la pobreza.
Ahora bien, si el énfasis es sobre los pobres, las políticas públicas del actual régimen, están plagadas de contradicciones. Es encomiable que se busque aumentar el ingreso de los que menos tienen, pero darles más dinero vía subsidios directos se neutraliza si le quitan y escatiman servicios como acceso a guarderías, desayunos escolares, acceso a medicamentos y atención a la salud en el tercer nivel. Es paradójico becar a millones de jóvenes para que se capaciten para el empleo y a la vez cancelar y desalentar inversiones que implican miles de empleos permanentes para estos jóvenes tras el fin de su beca. Es plausible que se trate de evitar la corrupción, (el combate está en duda) pero censurable que por ello se detenga la inversión del estado en infraestructura, se incurra en sub ejercicios presupuestales y se retengan los pagos a proveedores, de quienes dependen otros miles de empleos.
Reducir la desigualdad implica necesariamente incrementar el ingreso de los más pobres, pero un incremento al salario mínimo, así sea histórico, es una receta muy limitada, especialmente en una economía como la nuestra en la que casi el 60 por ciento de la actividad económica se realiza en la informalidad por la inexistencia de mejores oportunidades. Tanto informales como el comercio establecido requieren de la generación de riqueza para que esta sea distribuida y desafortunadamente, la política económica, hasta hoy, no va en ese sentido como lo refleja el primer año de crecimiento negativo. Menor actividad económica es menor recaudación para el estado, agobiado ya por el excesivo costo de los programas sociales y la exigencia de recursos para proyectos prioritarios de dudosa conveniencia
La crisis a la que nos orilla el COVID19 habrá de mostrar la fragilidad de la política económica del régimen. La primera señal de insuficiencia es el afán de conservar al máximo la dinámica comercial para no dañar la economía de los que trabajan a diario y viven de ello.
Es necesario hacerlo así porque el gobierno no tiene dinero para apoyar en forma directa a ese 60 por ciento de la economía que es la informalidad. Es preferible continuar trabajando y administrar los efectos de la pandemia cuya letalidad es menor, pues los muertos serán entonces un daño colateral justificable. El presidente ha hablado de recursos disponibles que nadie sabe dónde están porque no se encuentran en ningún documento oficial; con el precio del petróleo en su peor nivel del siglo, con la recesión en puerta en los USA y la consiguiente reducción de las remesas, con la actividad económica nacional retraída, lo único que puede dar a los pobres son discursos, pensiones y abrazos.
La persistencia en mantener el impacto psicológico en las masas y por ello su renuencia a dejar de concurrir a plazas y eventos multitudinarios, aún en medio de la crisis del COVID19, es parte de los intentos por administrar una crisis que tarde o temprano habrá de exhibir la fragilidad e inoperancia del proyecto gubernamental.
Es necesaria una pronta rectificación para mantener vivo el proyecto transformador, aunque sea en la urgente necesidad de moralizar a la administración pública. Deshacerse del “servum pecus” que es su gabinete y llegar a acuerdos con los 16 ricos que acaparan la riqueza nacional y hoy están a su alrededor, postrados y genuflexos, para limitar sus ganancias y distribuir mejor sus excedentes. Se requieren acciones de Estado para apoyar la economía no desplantes populistas.
