Hay semanas en las que uno escribe sobre reglamentos federales, plazos legislativos y arquitecturas institucionales. Y de pronto, una mañana, llega a una cocina de La Carbonera, comunidad de la delegación Santa Rosa Jáuregui, y entiende que toda esa discusión legal y técnica solo tiene sentido si aterriza en lugares como ese. Quiero detenerme esta semana en ese aprendizaje, porque me parece el más importante que me ha dejado el trabajo del Programa Hídrico.
En La Carbonera existe desde hace más de quince años un colectivo llamado Mujeres y Ambiente. Lo iniciaron treinta y cinco mujeres con el acompañamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Semarnat. Empezaron con tres cosas modestas: un huerto biointensivo, un fogón ahorrador y una lombricomposta. Hoy tienen biofiltros para aguas grises, cisternas de ferrocemento, baños secos, calentadores solares y huertos de traspatio que dan alimento todo el año. En 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo les otorgó el Premio Ecuatorial: una comunidad rural queretana, reconocida por la ONU.
Cuando escuché su testimonio, me quedó claro algo que no aparece en ningún manual de política pública. Estas mujeres no esperaron una ley para resolver lo que el Estado les debía. Frente a la falta de drenaje, construyeron biofiltros. Frente al humo que les enfermaba los pulmones, adoptaron fogones eficientes. Frente a la escasez de agua, instalaron cisternas. Frente a la inseguridad alimentaria, sembraron sus propios alimentos.
Y aquí viene la reflexión que me llevo. Mientras desde el Estado discutimos cómo armonizar legislaciones y cómo distribuir competencias entre órdenes de gobierno, en La Carbonera ya están haciendo lo que esas leyes apenas prometen: gestión hídrica integrada, justicia ambiental, seguridad alimentaria y resiliencia comunitaria. Lo hacen sin recursos públicos significativos, con saberes propios y con una organización que las sostiene.
¿Qué tendría que hacer una nueva Ley de Aguas de Querétaro frente a esta realidad? Lo primero, mirarla. Reconocer que las comunidades son cuidadoras del territorio y no apenas usuarias del agua. Darles un marco jurídico que respalde sus ecotecnias en lugar de estorbarlas. Garantizar que los sistemas comunitarios de agua y saneamiento tengan certeza institucional, no más burocracia.
Me fui de La Carbonera con una convicción más firme y con un agradecimiento sentido: a Rosy Balderas Moreno y Ángeles Balderas Moreno, hermanas que son testimonio vivo de que sí se puede cambiar y de que el cuidado del agua empieza en casa. Cualquier ley que escribamos tendrá que pasar la prueba de esa cocina, de ese huerto, de ese biofiltro. Si no fortalece a quienes ya cuidan el agua, no servirá.
