Hay dos leyes que van a definir el futuro del agua en Querétaro, y casi nadie está hablando de la segunda.
La primera la conocemos bien. La Ley General de Aguas regula cuánta agua se puede extraer, quién la usa y en qué condiciones. Es la ley que solemos asociar con la crisis hídrica, y con razón. La segunda es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que hoy se está reescribiendo en el Congreso después de casi treinta años. Pocas personas la relacionan con el agua, pero es la que define dónde se puede construir, qué ecosistemas se protegen y cómo se evalúa el daño que una obra causa al territorio.
En mi columna anterior escribí que cada problema hídrico es, en el fondo, un problema ambiental. Hoy quiero ir un paso más allá: ninguna de estas dos leyes, por sí sola, puede proteger el agua de Querétaro. Y el lugar donde mejor se nota es en algo que casi nunca aparece en la conversación pública: las zonas de recarga.
Hagamos un ejercicio sencillo. Si vertemos un vaso de agua sobre el pavimento, el agua escurre y se pierde. Si lo vertemos sobre la tierra, se absorbe y, poco a poco, regresa al acuífero. Así de simple funciona la recarga. Nuestros cerros, bosques, pastizales y suelos sin sellar son la puerta por la que la lluvia vuelve a llenar el agua que todos los días extraemos para nuestras casas, campos e industrias.
El problema es que la decisión de cuánta agua se extrae y la decisión de qué se construye sobre el suelo que la recarga suelen caminar por rutas distintas, con autoridades distintas y en momentos distintos. Podemos ser cuidadosos con los volúmenes de extracción y, al mismo tiempo, autorizar que se pavimente justamente el terreno por donde ese volumen debía reponerse. En el papel, ambas decisiones pueden ser correctas. En el acuífero, el resultado es una pérdida.
Lo he visto desde el Consejo Consultivo del Agua. Durante la consulta del Programa Hídrico del Estado, productores, comunidades, academia e industria coincidieron en una preocupación: el agua no solo se agota por lo que sacamos, sino por la forma en que ocupamos el territorio. Lo he visto también en campo, en las jornadas de reforestación y en la defensa de espacios como Peña Colorada, donde proteger un cerro es, literalmente, proteger el agua de quienes viven abajo.
Por eso creo que Querétaro tiene la oportunidad de hacer algo que todavía pocos estados han hecho: conectar ambas leyes en un mismo propósito. Propongo tres pasos.
Primero, identificar con precisión nuestras zonas de recarga y convertirlas en un criterio obligatorio del ordenamiento ecológico estatal y de los planes de desarrollo urbano municipales. Si sabemos por dónde entra el agua, debemos saber también dónde no se debe sellar el suelo.
Segundo, que los grandes proyectos se evalúen con una sola mirada. Ningún desarrollo de alto impacto debería obtener su autorización ambiental sin un análisis serio de cómo afecta la recarga y la disponibilidad de agua de la zona. El impacto ambiental acumulativo, que la nueva ley propone incorporar, es la herramienta ideal para hacerlo.
Tercero, que la armonización estatal de ambos marcos se trabaje en un mismo proceso y no en carriles separados. Desde el Consejo hemos impulsado una propuesta de legislación hídrica para Querétaro; su mayor fortaleza será que dialogue, artículo por artículo, con la legislación ambiental que el estado deberá actualizar.
No se trata de frenar el crecimiento. Querétaro seguirá creciendo, y debe hacerlo. Se trata de crecer sabiendo dónde sí y dónde no, para que el desarrollo de hoy no se pague con la sequía de mañana.
Durante mucho tiempo hablamos del agua y del medio ambiente como si fueran agendas distintas. No lo son. Son dos leyes, sí, pero una misma causa.
