El campamento de personas refugiadas de Moria, en la Isla de Lesbos, Grecia — el más grande en Europa por albergar a 13,000 seres humanos—, se incendió, aparentemente por una protesta de quienes allí residen y que se negaban a la reclusión tras dar positivo a COVID-19.
Este incendio, en un campamento originalmente construido para albergar sólo a 2,800 personas, refuerza la necesidad de atender la agenda migratoria a nivel internacional.
Muchos de estos asentamientos en el mundo están densamente poblados, con pobres condiciones de salubridad, sin acceso a agua potable ni saneamiento adecuado. Se informa que en Moria había sólo un retrete por cada 160 personas refugiadas, y una ducha por cada 500.
El reporte de tendencias globales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que hay 79.5 millones de personas desplazadas en el mundo. Tan solo en 2019 se contabilizaron dos millones de nuevas solicitudes de asilo, siendo los Estados Unidos el mayor receptor de las peticiones individuales.
Según estadísticas, el 85 por ciento de las personas refugiadas se acogieron en naciones en desarrollo, y durante el año, se admitió formalmente a 107,800 personas refugiadas para su reasentamiento; más de dos tercios de éstas, provenientes de cinco países: Siria (con un total de 6.6 millones de personas), Venezuela (3.7 millones), Afganistán (2.7 millones), Sudán del Sur (2.2 millones) y Myanmar (1.1 millones).
Apenas hace unos días, la Unión Europea compartió la nueva propuesta de pacto migratorio, que considera abandonar el establecimiento de cuotas, en un intento por cambiar las reglas de asilo y migración. Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia ya han manifestado su rechazo, bajo el argumento de que las y los inmigrantes deben “ser detenidos y devueltos a sus países para recibir ayuda allí”. Naciones que han sido principales receptoras, como España, Italia, Grecia y Malta, favorecen más el enfoque de solidaridad obligatoria.
Como bien ha mencionado António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional, y para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”.
En México, recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo impulsaron una iniciativa para alentar la incorporación de personas refugiadas y solicitantes de asilo al mercado laboral del país.
Cambiar la situación de vulnerabilidad de las y los refugiados no depende de una sola nación o de un paquete de iniciativas, es un reto que requiere un entendimiento distinto del fenómeno migratorio, de la cooperación internacional en un contexto de complejidad profunda y de recursos limitados, y de la voluntad política a nivel global.
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