Es un falso dilema el que el presidente ha puesto ante el PRI y la población en general por la aprobación de su reforma energética. No se trata de decidir entre traicionar a Cárdenas y López Mateos o apoyar el modelo neoliberal que se ha convertido en el villano de esta administración.
Lo procedente es preguntar si la reforma eléctrica propuesta es benéfica para México o no. En los términos planteados solo aporta, en cualquier escenario, aprobación o no, ventajas políticas y electorales para el presidente, el contenido en sí, presenta más riesgos que beneficios en el corto plazo y dudosa viabilidad en el largo.
Una vez más, resabios ideológicos guían las decisiones económicas y aplican razonamientos aritméticos a cuestiones que requieren análisis más complejos. El problema de la CFE no es la participación del sector privado en la generación de energía, sino su propia ineficiencia, el rezago tecnológico y la obsolescencia de mucha de su estructura de generación y distribución.
En la lógica simplista de la administración actual, bastaría con que la hasta hoy empresa productiva tuviera más ingresos por la venta de energía para poder proporcionar electricidad barata a la población, y que las empresas y altos consumidores, paguen más que lo que ahora hacen porque generan su propia energía. Criterio muy obtuso que elude considerar que los gastos de las empresas generalmente se trasladan al consumidor y esto genera alzas e inflación. Iluso también es decir que con un mayor control del sistema eléctrico se podrán bajar los precios o impedir que suban.
Eso no ha sido posible en el pasado y no lo será ahora si no es a base de mayores subsidios y eso lo sabe el economista más ñoño. Los beneficios que augura para la economía familiar son una utopía que difícilmente se mantiene, como han sido los precios de la gasolina y el gas en incremento constante. Viendo más allá de estas falacias y afirmaciones, la propuesta de reforma tiene aristas que dan toques y en su caso, descargas que pueden electrocutar.
Concretamente, el artículo segundo transitorio que textualmente dice “a). Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra venta de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.” Esto equivale, con las debidas proporciones, a la decisión de cancelar el Aeropuerto de la Ciudad de México pues las indemnizaciones y responsabilidades derivadas de estas cancelaciones se han estimado en rangos que van desde los 60 hasta los 120 mil millones de dólares.
El mismo artículo en su inciso f.a, deja a las inversiones actuales reconocidas y operando, sujetas a la discrecionalidad de la autoridad regulatoria (CFE), sin seguridad de que su producción pueda ser adquirida y mucho menos vendida en forma independiente. Esto es, que el 46 por ciento que se reconoce para la participación del sector privado no tiene seguridad de su inversión. Actualmente, los productores independientes de energía (PIE) operan 100 unidades de generación, 94 de ciclo combinado y 6 eólicas, y adicionalmente hay en construcción, con solicitud o en proceso de integración a la red eléctrica nacional, algunas decenas de empresas basadas en energía solar.
El debate pudiera centrarse en estos dos polémicos temas, sin embargo, eso dejaría de lado el análisis sobre la eficiencia y viabilidad de la empresa en los términos en que actualmente se encuentra. La empresa tuvo pérdidas en 2020 por 78,920 millones de pesos, según sus propios estados financieros, su deuda es de 393,135 millones de pesos de los cuales 239,467 están en moneda extranjera. Cuenta con 91,544 trabajadores, y 51,096 jubilados cuya carga financiera fue durante el año pasado más alta que la cantidad dedicada a la inversión.
Su calificación crediticia está en grado de riesgo y el acceso a capitales le cuesta mucho. La operación de sus viejas plantas generadoras es cara y su reconversión requiere recursos que no tiene y los que llegarían en caso de aprobarse la reforma son notoriamente insuficientes. Es difícil pensar que solo con recuperar el control sobre la generación y venta de energía se vaya a revertir el deterioro de la capacidad operativa de la empresa en declive desde hace algunos años.
Pensar que solo con la recuperación de los volúmenes de venta hoy en manos de los productores independientes revertirán el costo de la ineficiencia y obsolescencia de sus instalaciones y procesos, es un absurdo. Al igual que confiar en que los desplantes autoritarios y arbitrarios para otorgar concesiones o renovar las existentes habrán de estimular la construcción de infraestructura generadora y la participación privada.
Sin dinero propio y con financiamiento caro será difícil satisfacer las necesidades de crecimiento. Hablar de rescates de la soberanía y de pingües negocios y “subsidios” a los productores privados, solo trae beneficios político electorales.
El PRI, entrando al debate ya perdió, si aprueba la reforma también pierde, el único que gana en todos los escenarios es el presidente. Los precios de la electricidad no bajarán en los próximos años, pero ya tiene su bandera electoral para 2024 y el frente opositor dividido.
