En política, como en la medicina, cuando el paciente regresa al quirófano a los pocos meses de una operación “exitosa”, algo quedó mal desde la primera intervención. Eso parece estar ocurriendo con la llamada reforma judicial impulsada por el obradorismo y defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que fue vendido como una transformación histórica para democratizar al Poder Judicial hoy necesita una revisión de emergencia. Y eso, por sí mismo, es ya una confesión política.
La decisión presidencial de integrar una comisión de análisis —encabezada, según versiones periodísticas, por Pablo López y operadores políticos cercanos al oficialismo— para revisar el modelo de elección judicial rumbo a 2027, no es una simple adecuación técnica: es el reconocimiento implícito de que el diseño original nació defectuoso. Como quien construye un puente y descubre, apenas al paso de los primeros vehículos, que los cimientos vibran. La reforma constitucional aprobada en 2024 y materializada en la elección judicial de 2025 prometía abrir las puertas del Poder Judicial a la voluntad popular. La narrativa fue sencilla y poderosa: “que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros”. Un discurso atractivo en la superficie, pero complejo y peligroso en el fondo.
Hoy, apenas un año después, la propia administración admite que el modelo necesita cirugía correctiva. Entre las modificaciones que se analizan destacan cambiar la fecha de la elección judicial para evitar empalmarla con la gigantesca jornada electoral de 2027, crear un comité único de evaluación de perfiles y endurecer los requisitos para quienes aspiren a ser jueces y magistrados. Incluso se estudia aplazar parte del proceso hasta 2028 por razones presupuestales y operativas.
La pregunta es inevitable: si hoy quieren corregir las reglas, ¿por qué no las diseñaron bien desde el inicio? Porque el problema no es de calendario, es de origen. La reforma judicial nació bajo la lógica de la velocidad política, no de la prudencia constitucional. Fue una reforma aprobada con la prisa de quien quiere llegar antes que el reloj constitucional, sin la pausa necesaria para construir consensos técnicos, institucionales y democráticos. La crítica no vino solo de la oposición; vino de académicos, barras de abogados, organismos internacionales y de una parte importante del propio Poder Judicial. Y el tiempo les empieza a dar la razón.
El problema central siempre fue conceptual: se quiso democratizar la justicia utilizando herramientas de competencia política. Pero justicia y política son como agua y aceite. Un juez no es un candidato, no debe conquistar simpatías, debe conquistar legitimidad técnica. Y cuando se obliga a un juzgador a recorrer el camino electoral, a buscar votos, a construir imagen pública y eventualmente a depender de estructuras políticas, el riesgo es evidente: la toga comienza a parecerse demasiado al chaleco de campaña.
Los ajustes que ahora plantea el oficialismo son particularmente reveladores. El comité único de evaluación, por ejemplo, busca concentrar la selección preliminar de perfiles. En teoría, serviría para filtrar mejores candidatos. En la práctica, abre una pregunta inquietante: ¿quién controla a quienes controlan la puerta de entrada? Porque un solo comité puede convertirse en una aduana política. Y la justicia no debe tener aduaneros partidistas. El aumento de requisitos también exhibe otra contradicción. Si ahora se reconoce que los requisitos iniciales eran insuficientes, entonces se acepta que el sistema permitió o puede permitir candidaturas sin el nivel técnico necesario.
Es decir: primero se abrió demasiado la puerta y ahora se quiere poner candado. Es como construir una presa y después descubrir que el agua se escapa por las grietas. Más aún: el posible cambio de fechas electorales evidencia que el modelo logístico fue mal planeado. El propio análisis público ha advertido que 2027 será una “super elección”: diputados federales, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y, además, cargos judiciales. Una saturación electoral que podría desbordar la capacidad del Instituto Nacional Electoral y confundir al votante.
La democracia mexicana ya es compleja, convertirla en un laberinto no la fortalece, la debilita. Desde la óptica del derecho electoral, las reglas del juego deben cumplir un principio básico: certeza. Y cuando las reglas cambian antes de que siquiera se consolide el primer ciclo electoral judicial, lo que se erosiona no es solo la norma; es la confianza pública. El ciudadano observa y entiende algo simple: si los arquitectos del sistema están corrigiendo el plano mientras el edificio sigue en obra, entonces el edificio nunca estuvo terminado. Y ahí radica la gran tragedia institucional. La reforma judicial fue presentada como un monumento democrático, pero empieza a parecer una obra negra. Un esqueleto jurídico que aún no sabe si podrá sostenerse. En el fondo, lo que está ocurriendo es un choque entre discurso y realidad.
El discurso decía: el pueblo decidirá. La realidad responde: el diseño necesita filtros, ajustes, cambios y controles. Es decir: no era tan simple, nunca lo fue. El Poder Judicial exige independencia, técnica, carrera judicial y experiencia. No popularidad. Porque la justicia no puede decidirse como se decide una alcaldía. No puede someterse a la lógica del aplauso. La justicia es contramayoritaria por naturaleza. Está diseñada para proteger derechos, incluso contra la voluntad de las mayorías. Si la reforma necesita rehacerse antes de consolidarse, entonces hay que decirlo con claridad: no fue una reforma acabada; fue un experimento constitucional.
Y los experimentos, cuando fallan, tienen costos. En este caso, el costo es la credibilidad de la justicia. México está descubriendo, quizá demasiado pronto, que reformar al Poder Judicial no era cambiar jugadores, era cambiar el tablero y hacerlo bien. Porque en democracia, corregir es virtud, pero corregir tan pronto, tan profundo y tan urgentemente, suele ser la forma elegante de admitir que el proyecto original nació herido. Y una justicia herida, como un reloj roto, puede seguir avanzando… pero ya no da la hora correcta.
