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Jerónimo Gurrola Grave

por Contacto
5 febrero, 2019
en Editoriales
Jerónimo Gurrola

ANTORCHA CAMPESINA

Arbitrariedad y abuso del poder

La gran mayoría de quienes tienen poder de una nación, estado o municipio, aunque este poder se los haya confiado el pueblo, padecen el trastorno de personalidad, que de la noche a la mañana los hace sentirse dueños de la verdad, de la razón y hasta del pueblo mismo que los eligió. Están convencidos que todo lo que ellos piensen, digan y hagan es lo correcto, lo único que vale y que nadie más tiene razón o derecho a pensar diferente, mucho menos a criticar pues inmediatamente es considerado enemigo, y debe ser severamente castigado por irreverente.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, desde que asumió el poder, como es del dominio de público, se ha dedicado a atacar todos los días al Movimiento Antorchista Nacional e incitando al linchamiento de sus dirigentes en eventos públicos acusándolos de “intermediarios”, “administradores de recursos de las obras y programas del gobierno para quedarse con moches”, de haber obtenido concesiones de gasolineras de manera indebida, y ahora, hasta de venta de gasolina robada, a través de la revista “Proceso”, por el único delito de no coincidir con su proyecto político y de pedirle que cumpla su obligación de resolver las necesidades de los mexicanos pobres, olvidados y engañados por todos los políticos, de todos los partidos, incluido Morena.

Con el pretexto de la corrupción e impunidad, el invento de la austeridad republicana y su ficción de la cuarta transformación, AMLO ha dicho y hecho lo que le ha dado su gana, a su muy escaso y leal saber, y aún menos entender. Antes de tomar posesión como presidente, canceló el proyecto de aeropuerto en Texcoco; distribuyó a su gusto y conveniencia el Proyecto de Egresos de la Federación, repartiendo el dinero de los mexicanos que trabajan a quienes no trabajan ni estudian; eliminó los programas del campo, dejando en el total abandono a los campesinos; inició el del tren maya sin siquiera contar con proyecto; provocó con su improvisación en el combate al robo de gasolina, la muerte de más de 100 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo; autoriza varios miles plazas y de millones de pesos a profesores de la CNTE, afines a él, como premio por bloquear las vías del ferrocarril en Michoacán y un interminable etcétera de ocurrencias. Todo, porque tiene el poder de los mexicanos en sus manos.

De otra parte, en Querétaro, el alcalde de Cadereyta de Montes, León Enrique Bolaño, porque tiene el dinero de los cadereytenses y motivado seguramente por el respaldo incondicional del panismo, en su ya cuarto año de gobierno al haberse reelegido con mecanismos no muy legales, convencido de que su administración es una fiesta a la que no puede invitar ni compartir con quienes no son sus amigos, como desde hace tres años, impide con policía la entrada a las instalaciones de la presidencia municipal, a las comisiones de campesinos organizados en el antorchismo que pacíficamente intentan entrar para plantearle sus necesidades, e intenta sobornarlos con promesas de tinacos y otros pequeños apoyos, pero al no caer en su juego, los provoca y amenaza a través de Fernando Ramírez Villeda y de Saúl Cabrera Vega, auxiliar de gobernación y secretario de gobierno, respectivamente.

Casi todos los políticos con poder, pues, creen que sus ocurrencias e ideas por muy retrógradas que sean, deben ser ley. López Obrador, Presidente de la República supuestamente de izquierda, que dice ser enemigo del modelo neoliberal por ser generador de pobreza y León Enrique Bolaño, de franca derecha, coinciden en la manera de pensar y de actuar; se niegan marrulleramente a resolver las demandas de la población que los mantiene, porque ellos así lo decidieron, violando con sus acciones los derechos de los mexicanos establecidos en la constitución política.

Sin duda, porque el Movimiento Antorchista Nacional es la organización social más exitosa, la mejor orientada, estructurada y aglutinadora de más de dos millones y medio de mexicanos, que se sustenta en las garantías constitucionales de libre asociación, organización, petición y manifestación pública, pese a la cerrazón, a la calumnia y a las amenazas, no claudicará en la defensa y exigencia de que se atienda las necesidades de los más necesitados de México y de Cadereyta, y seguirá insistiendo su cumplimiento con en la ley mano.

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