ANTORCHA CAMPESINA
Candidatos omisos y disimulados
Como parte de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción promulgada desde mayo de 2015 por el Congreso de la Unión, creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas llamada “3de3”, que consiste en las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, que tiene como objetivo que los servidores públicos y candidatos a puestos de elección popular transparenten sus bienes e ingresos y los de sus dependientes económicos ante la ciudadanía.
Esta ley establece en su artículo 60, que incurre en “enriquecimiento oculto” el servidor público “que falte a la verdad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable”. Pero aún así esta ley en los hechos ha resultado como un llamado a misa; el que quiere la cumple y el que no, simplemente se hace el desentendido. Mucho se ha dicho por ejemplo que el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares posee un departamento que no incluyó en su declaración “3 de 3” por el que pagó más de 5 millones de pesos y omitió hacerse cargo de dos propiedades más.
Pero no es el único. Como él hay muchos otros en todos los estados del país, que no han declarado terrenos, ranchos, casas en centros turísticos de México y el extranjero, y otras muchas propiedades. Así vemos cómo al mismísimo candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, nomás no le cuadran las cuentas al revelarse la compra de grandes propiedades en el estado y la triangulación de dinero en los llamados paraísos fiscales.
A pesar de que en mayo vence el plazo para que sea obligado que todos los funcionarios hagan sus declaraciones, desde su promulgación hasta el pasado 2 de marzo sólo 1,158 servidores públicos habían publicado su “3de3”, entre ellos sólo un miembro del gabinete federal, 25 gobernadores y 31 senadores. Del total, 104 corresponden a funcionarios queretanos, es decir que después de más de dos años en los gobiernos municipales y el Congreso del estado, los diputados y alcaldes que pedirán el voto a los ciudadanos para reelegirse o brincar a otro puesto, no han presentado sus declaraciones ante el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) a pesar de que hipócritamente destacan en sus discursos de campaña, trabajar con transparencia, rendición de cuentas y combatir la corrupción y la impunidad.
Entre los servidores públicos queretanos omisos y disimulados que ya andan en campaña y no han hecho su declaración, están los presidentes municipales de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero; de Amealco, Rosendo Anaya Aguilar; Cadereyta, León Enrique Bolaño Mendoza y Pinal de Amoles, Gloria Inés Rendón García, todos ellos de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), así como Raúl Orihuela, alcalde de Tequisquiapan, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Quienes buscan la reelección en el Congreso y no han presentado sus declaraciones están los también panistas, Eric Salas González, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Antonio Zapata Guerrero, Verónica Hernández, Roberto Cabrera Valencia, José González, Aydé Espinoza y Leticia Rubio, además de la priista Leticia Mercado Herrera.
Según la legisladora local del PAN, Daesy Alvorada Hinojosa, presidenta la Comisión de Participación Ciudadana, quien impulsó en el Congreso del estado que estas declaraciones se hicieran por ley, asegura que se busca que “los ciudadanos vean cómo llegan al cargo y cómo salen; que todo sea conforme a sus ingresos como servidores públicos”, y agregó que el gobierno del estado firmó un convenio de colaboración Declaranet Plus de la Secretaría de la Función Pública, a través de la cual los 60 mil servidores públicos de Querétaro deberán presentar de manera obligatoria sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales.
Pues sí, hasta aquí todos está bien. Pero, ¿no hubiera estado mejor que estos señores que quieren reelegirse ya hubieran hecho sus declaraciones para que el electorado estuviera bien informado y les negara su voto no solo por no resolver sus necesidades, sino también por hacer mal uso del poder y de su dinero? A poco no?
