Jerónimo Gurrola Grave

ANTORCHA CAMPESINA

En seguridad: dinero, fuerzas y tecnología, a la basura

Los recursos asignados a la seguridad pública en 2018 ascienden a mil 286 millones de pesos, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién a los 40 integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, integrado por representantes de los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado, tres ciudadanos y los 18 presidentes municipales, en la primera sesión ordinaria celebrada para concretar acuerdos para la depuración y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad; desarrollo de sistemas; prevención social de la violencia y la delincuencia; el programa contra la corrupción policial; justicia administrativa y sistema penitenciario.
Entre los avances, subrayó que se han creado 12 nuevas leyes orgánicas y organismos descentralizados que realizan funciones estratégicas en materia de seguridad, así como tres reformas constitucionales, 11 reformas legales y actualización. También se cuenta con un estado de fuerza de 4 mil 586 elementos, de los cuales el 87 por ciento cuenta con formación inicial y el 100 por ciento de los policías estatales en activo han sido evaluados en control de confianza que obtuvieron el tercer lugar nacional en percepción de confianza y desempeño.
El gobernador detalló: “se han invertido 140 millones de pesos en vestuario, equipo, vehículos y armamento; se realizaron 10 obras de seguridad y justicia con inversión de 264 millones de pesos como el Centro Estatal de Investigación y Análisis sobre Seguridad (CIAS) para la coordinar los cuerpos de seguridad y responder a los reportes de denuncia y emergencia, que contará con 2 mil cámaras de videovigilancia, operadoras y supervisores del 911, 50 lectores de placas, un Banco de Datos para la Seguridad y la Integración de Centros de Comando con los municipios y finalmente, que se cumplió con 137 estándares internacionales en la segunda certificación internacional de Centros de Reinserción Social”.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados, dijo que los acuerdos reflejan acciones responsables, coordinadas y permanentes que dan rumbo a los esfuerzos que se llevan a cabo en materia de seguridad. Sobre los acuerdos, explicó que en el primero, para Depurar y fortalecer las corporaciones de seguridad, el estado y los municipios hacen el compromiso de la formación única de su personal facultado para el uso legal de la fuerza, sujetándose a la normativa de carrera policial, adaptando tabuladores salariales en los términos de la ley.
El segundo acuerdo, sobre Desarrollo de Sistemas, las autoridades estatales y municipales hicieron el compromiso de establecer enlaces operativos sujetos a las evaluaciones de control de confianza, recursos humanos, tecnológicos y normativos para el uso de las tecnologías en materia de seguridad en los municipios. El tercer acuerdo, sobre estrategia de Prevención social de la violencia y la delincuencia, cada municipio deberá adoptar el Programa de Prevención de Adicciones en sus estrategias mediante la unificación de protocolos, capacitación y procesos de evaluación que ofrece el programa.
El cuarto, en materia del Programa contra la corrupción policial, se hizo el compromiso de integrar un Comité Estatal para la prevención, investigación y sanción de la corrupción policial coordinados por la Secretaría de la Contraloría del Estado. El quinto acuerdo, de Justicia Administrativa se refiere al compromiso de las autoridades estatales y municipales para abatir las faltas administrativas que generan percepción de inseguridad, aportando recursos humanos, tecnológicos y la infraestructura necesaria para tal efecto, y el último acuerdo se dio en el ámbito del Sistema Penitenciario, con el que los integrantes del Consejo se comprometieron a apoyar y colaborar de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Hasta aquí, en el discurso y a nivel de acuerdos, todo está perfecto: hay un Consejo Estatal, se crearon leyes, se asignó mucho dinero a la seguridad, hay miles de fuerzas policíacas, tecnología, etcétera. Sin embargo, el semáforo delictivo señala que la inseguridad en el Estado cada vez es peor. El Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad y la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) dada a conocer por el INEGI, revela que más del 60 por ciento de los ciudadanos considera a la inseguridad como el principal problema en la entidad: el 54% de los queretanos se siente inseguro en los cajeros, bancos, transporte público y calles, reconociendo como factores de las conductas delictivas el alcohol y consumo de drogas, siendo la percepción de estos problemas en nuestro estado superior a la media nacional.
El INEGI ha insistido que en Querétaro, los delitos de robo, secuestro y violación se han disparado. “Si comparamos los primeros 6 meses de 2016 contra los primeros meses del 2017, tenemos un aumento del 40% en las tasas de homicidio culposo, del 64% en materia de secuestro, del 12% en materia de extorsión, de 26% en robo de vehículo, del 39% en robo a casa habitación, 51% en robo a negocio, del 57% en robo a transeúnte, y del 26% en violaciones. ¿Para estos resultados para qué tanto dinero, fuerzas y tecnología? ¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo?

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