| Es un fraccionamiento importante para el estado, y aunque desconoce el tema, el gobernador Francisco Domínguez Servién dijo que buscará acercarse y platicar con el propietario de Residencial Balvanera, quien está notificado por un embargo de 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno al asumir una demandada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por cometer posible ecocidio. |
Un juez federal ordenó el embargo por un supuesto ecocidio registrado en 2012 por la empresa Residencial Balvanera en la entidad; el gobernador dijo que se investigará y será la Secretaría de Desarrollo Sustentable la que dé seguimiento al tema.
“Es una situación totalmente federal, nosotros no estamos ni sabíamos del tema, y es una orden de un juez federal y es algo que me informan en la mañana que ya está dándole seguimiento Profepa; sin embargo, sí voy a ver que todo esté en ley, bajo el Estado de Derecho, voy a tratar de platicar con el propio secretario, el secretario de Semarnat, Pachiano, y voy a platicar con el dueño de Balvanera para saber y poder ayudarlo; es fraccionamiento importante en el estado, el costo y las hectáreas es grande y bueno, tatar de que todo salga bien y siempre yendo por la ley”.
Sobre el tema y que lleva años de litigio, dijo, se abocará a estar muy bien informado, por lo que le pedirá a su gente, particularmente a su secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete, que haga un reporte al respecto para analizar que todo se encuentre bajo la ley y que en caso de que realmente se haya cometido el delito, se haga cumplir la ordenanza del juez.
“Todos saben que las reservas naturales son protegidas y nadie puede meter un milímetro, un metro y menos mucho más metros cuadrados; está bajo la ley y se hizo un delito, pero este caso no lo sé, no lo sabemos, no tengo los datos, lo que sí , todas las reservas protegidas, naturales ya tienen un estatus legal que se tiene que respetar y si asi fue, se tendrá que respetar”.
Profepa
A través de un comunidaco de prensa, la Profepa explicó que en agosto de 2012 la empresa involucrada informó a la Semarnat que realizaría actos de remoción de vegetación forestal en un predio ubicado en Querétaro, por lo que solicitó autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En diciembre de 2013, la empresa desistió del trámite de la autorización que implicaría un importante pago compensatorio al Fondo Forestal Mexicano. A pesar de ello, se llevaron a cabo las obras del proyecto en violación a la legislación ambiental.
Por tal razón, la Profepa practicó visitas de inspección al desarrollo ubicado en Corregidora, encontrando que las actividades inmobiliarias ya habían iniciado sin permiso, sin realizar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias, por lo que se ordenó la suspensión total temporal del proyecto. A pesar de estas acciones necesarias para proteger el medio ambiente, la empresa optó por desacatar dicho mandamiento y concluir la ejecución de las obras en el sitio inspeccionado, iniciando la comercialización de departamentos y lotes construidos en el predio.
Daniel Peña
