Ángel Aguirre Rivero presuntamente ordenó a al menos tres funcionarios de su Gabinete destruir evidencias del caso Ayotzinapa, en particular los videos del Palacio de Justicia de Iguala que grabaron momentos del secuestro de algunos de los 43 normalistas desaparecidos.
La Fiscalía General de la República presume que el propósito era ocultar tanto sus vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como responsable de desaparecer a los estudiantes, como el hecho de que él habría dado las instrucciones a distintas policías para ejecutar a los normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la orden de aprehensión con la que fue detenido, los funcionarios a quienes supuestamente instruyó desaparecer las pruebas son Iñaki Blanco Cabrera, Procurador General de Justicia del Estado; Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno Estatal; y Lambertina Galeana Marín, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
De los mencionados, la FGR sólo ha solicitado y obtenido una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Guerrero y Galeana, esta última ya en prisión domiciliaria desde el 18 de abril pasado.
La imputación de la Fiscalía se basa principalmente en los diversos testimonios rendidos desde el pasado 25 de mayo por Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora del TSJEG, presa en el penal de Tepepan por posesión de cinco cartuchos de arma de fuego y tres cajas de medicamentos controlados.
Tanto Galeana como Estrada negocian un criterio de oportunidad con la FGR, según fuentes del Gobierno federal.
“El día lunes 29 de septiembre de 2014, estando en la oficina de la Presidencia del Tribunal en Chilpancingo, entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, Lambertina Galeana Marín me dijo que el Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero había dado la instrucción tanto a ella como a Iñaki Blanco Cabrera y Jesús Martínez Garnelo que hablaran con los ingenieros y técnicos del Palacio de Justicia de Iguala para que borraran toda evidencia que hubiera de los hechos sucedidos, y que si no lo hacían, iban a matar a su familia o a ellos mismos, ya que él quería borrar toda evidencia o prueba que pudiera ser utilizada para culparlo de los hechos a él o a su grupo cercano”, declaró.
“Al día siguiente, hubo dos reuniones en Palacio de Gobierno a donde acudieron Iñaki Blanco Cabrera, Jesús Martínez Garnelo, Lambertina Galeana Marín, y yo también fui convocada, en donde el Gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero dijo que la situación de los estudiantes no iba a pasar a mayores porque él tenía muchas relaciones en el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto“.
En esa reunión, relata Estrada Ortega, Aguirre preguntó a sus colaboradores si ya se habían cerciorado “perfectamente bien” que las evidencias se habían borrado.
“Incluso se refirió directamente a Lambertina Galeana Marín, mientras que Iñaki Blanco Cabrera le dijo que ‘no se preocupe patrón, vamos a llevar a quien sea a la cárcel para calmar a la opinión pública, para que se piense que están haciendo investigaciones‘, declaró.”
Secretos bajo amenaza
“Alcancé a escuchar como en ese momento, Angel Aguirre le llamaba a su sobrino Ernesto Aguirre (su asesor), para ordenarle que destruyera todas las evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa… que no quería que nadie supiera que él tenía relación con los integrantes de la delincuencia organizada que habían desaparecido a los estudiantes, ni que él les había dado instrucciones a los mandos de la policía estatal y municipal para que ejecutaran a los normalistas debido a que eran integrantes del grupo rival”.
En su declaración, Estrada Ortega admitió haberse robado en las oficinas de Galeana los videos del Palacio de Justicia de Iguala y luego haberlos entregado al gobernador, la noche del 29 de septiembre de 2014.
La secretaria particular de Galeana, identificada con las iniciales O.G.P., declaró a la FGR que Aguirre luego puso esos videos en manos del entonces Procurador.
De acuerdo con el testimonio de Estrada, Aguirre dio a algunos funcionarios las instrucciones de destruir las evidencias por medio de su sobrino y asesor Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez.
“Todas las instrucciones que Ángel Aguirre daba a su sobrino Ernesto Aguirre, o a su círculo cercano, entre los que se encontraban Iñaki Blanco, Lambertina Galeana, Jesús Martínez Garnelo, eran obedecidas al pie de la letra, y por eso, se destruyeron muchas de las pruebas del caso“, declaró en otro testimonio rendido el 6 de julio.
A pesar de que el testimonio de Estrada es la columna vertebral de la imputación contra Aguirre, esta investigación inició con una denuncia del 12 de enero pasado presentada por la magistrada Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del TSJEG. Su testimonio no ofrece tantos detalles como los de su ex subordinada.
“El entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero, su Secretario General de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera, y la Visitadora General del Consejo de la Judicatura Blanca del Rocío Estrada Cortez, manipularon la información de los hechos ocurridos en Iguala, y no dudo que la desaparición de las grabaciones del Palacio de Justicia, se dio porque querían ocultar dicha información“, dijo.
“Deseo denunciar los hechos relativos a la sustracción de los videos de las cámaras del palacio de justicia del poder Judicial del Estado de Guerrero en guala de la Independencia, por parte de la visitadora Blanca del Rocío Estrada Cortez, Gobernador Angel Aguirre Rivero, su Secretario General de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el Procurador Iñaki Blanco Cabrera, ya que ellos fueron las personas que saben de los videos y de los que he recibido diversas amenazas si llegaba a denunciar lo referente a la perdida de los videos“.
Piden informes de 5
En la indagatoria, la FGR pidió al Centro Federal de Inteligencia Criminal, su órgano de inteligencia, rastrear información tanto de Ángel Aguirre como de otros cuatro funcionarios, incluidos los tres a quienes supuestamente ordenó destruir evidencias.
El 11 de julio la Unidad de Inteligencia Táctica en Apoyo a la Investigación del CFIC entregó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa un informe con datos de los mencionados, tales como fecha de nacimiento y CURP.
Además de Aguirre, entregó los datos de Jesús Martínez Garnelo, ex Secretario de Gobierno Estatal; Jesús Ernesto Aguirre Gutierrez, sobrino y asesor del ex gobernador; Iñaki Blanco Cabrera, ex Procurador Estatal; Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del TSJEG; y Lazaro Mazón Alonso, ex secretario de Salud de la entidad.
