La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2025, con observaciones en instituciones federales, gobiernos estatales y municipios.
Al presentar la segunda entrega de informes individuales, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que los resultados corresponden a 374 auditorías: 286 a entidades federativas, 46 a entes federales y 42 a municipios.
Uno de los principales hallazgos corresponde a estos últimos, donde más de 5 mil 200 millones de pesos quedaron sin acreditar. La ASF revisó el 100 por ciento de los recursos federales entregados a los 42 municipios incluidos en esta segunda entrega y determinó que ninguno pudo comprobar documentalmente el destino de la totalidad de esos recursos.
En el ámbito federal, la Auditoría reportó 2 mil 327 millones de pesos observados entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. En el primero identificó movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, mientras que la autoridad educativa no pudo acreditar el correcto ejercicio de los recursos.
En las auditorías a entidades federativas se determinaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud.
Anomalías en Nuevo León y Sinaloa
La ASF también informó que los gobiernos estatales reintegraron más de mil 132 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. De ese monto, más de 553 millones correspondieron al sector salud.
En los casos específicos de Nuevo León y Sinaloa, la presentación expuso esquemas de transferencias entre empresas y particulares que involucran recursos públicos. En Nuevo León aparecen operaciones por miles de millones de pesos entre constructoras, comercializadoras y otras compañías, además de movimientos relacionados con bienes inmuebles por más de mil millones de pesos.
En Sinaloa se identificó una constructora integrada por familiares de un funcionario estatal que habría recibido contratos de obra pública y transferido recursos a particulares.
La presentación de denuncias penales y la fiscalización del SAT y del IMSS
Como parte de las acciones de fiscalización, Hernández Palacios informó que en los primeros seis meses de su gestión se presentaron 40 denuncias penales, tres de ellas relacionadas con auditorías que todavía estaban en desarrollo.
Entre los hechos denunciados mencionó obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y documentos presuntamente apócrifos utilizados para simular el cumplimiento de cuotas de seguridad social.
Adicionalmente, la ASF promovió 60 acciones para que el SAT y el IMSS revisen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores y prestadores de servicios contratados con recursos públicos.
El auditor sostuvo que la fiscalización no debe limitarse a identificar observaciones, sino que debe esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos
