ENTRE LÍNEAS
Con sólo tomar en cuenta los casos de niños delincuentes aparecidos en la prensa, se advierte una desatención grave del cuidado de la niñez de parte de los padres y de algunas escuelas, pero también de las autoridades gubernamentales. Los niños y jóvenes son responsabilidad de toda la sociedad, lo que pase con uno de ellos afecta el presente y el futuro de la sociedad en que vivimos, ya sea abuso sexual, maltrato, o la inducción a la violencia. Ello explica la atención mediática al caso del niño de la escuela Cervantes de Torreón, Coahuila.
Un gran número de demandas expresadas en los medios y en las redes sociales, derivadas de este caso, se refiere específicamente a la necesidad de atender la salud mental de la población. Desde 2010, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, emitieron un informe, recogido en la Reunión de Panamá en ese año, sobre el “Marco de referencia para la implementación de la estrategia regional de salud mental”. De las diez áreas que recomienda el informe a los gobiernos de los países latinoamericanos y del Caribe, cuatro me parecen medulares: Prestar atención en la comunidad; Educar al público; Involucrar a las comunidades, familiares y usuarios y Monitorear las acciones de salud mental en la comunidad. En otras palabras, lo que se recomienda es prestar atención a lo que sucede en la salud mental de la comunidad. Esto es un asunto de ética, de responsabilidad política, de políticas públicas.
En Querétaro, los actos suicidas son cada vez más frecuentes, los casos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, divorcios, bullying, cutting, agresiones a homosexuales, sociopatías, drogadicción, alcoholismo, rupturas familiares, etc. nos indican que ninguna de estas cuatro recomendaciones es practicada, aunque se haya establecido una Red Estatal de Salud Mental para el Estado, sus efectos aún son incipientes. ¿Qué ha pasado con el Programa Estatal de Salud Mental?
La falta de atención a los asuntos de la salud mental, se refleja explícitamente en la escasez de presupuestos. Aunque se atiende en una proporción mayor a la población con trastornos psicóticos en el CESAM, esta institución se encuentra saturada y la proporción más alta es la de los usuarios con trastornos neuróticos o situacionales, que generalmente se atienden en consulta privada.
No participar en el diseño de la universalización de los servicios de salud en el estado es un despropósito. Lo que hay que buscar es que el INSABI tenga en cuenta el asunto de la salud mental, es necesario un presupuesto destinado al tratamiento de los problemas de depresión, conductas de riesgo, conductas desadaptativas, violencias y maltrato, esquizofrenias o de otro modo, se deja de tratar a personas con trastornos aparentemente inocuos, pero con graves repercusiones en la infancia y la adolescencia que desembocan en casos como el de Coahuila. La capacidad de seguimiento en la comunidad, que asegure la continuidad en la atención a estos pacientes, es más bien limitada en todo el Estado. Por ejemplo, sólo algunas escuelas privadas tienen el servicio de un psicólogo.
No estoy proponiendo un hospital psiquiátrico. Es evidente que el hospital psiquiátrico es más el producto de la tradición, de condiciones locales, de políticas basadas en ideologías asistenciales y de la existencia o ausencia de recursos alternos, antes que el resultado de una planificación racional, de acuerdo a un modelo de atención integral. Estas instituciones actúan como residencias o espacios donde las personas internadas por un trastorno mental, muy frecuentemente y por diversas razones, acaban quedándose a vivir de manera permanente. A muchas familias les da vergüenza la enfermedad mental de los familiares y los abandonan en estas instituciones. En estos casos, pasado el período de la crisis, la institución ya no se preocupa por ofrecerles intervenciones individualizadas, basadas en sus necesidades y derechos. La ausencia de dispositivos adecuados, como las residencias comunitarias, los servicios de psiquiatría en hospitales generales o los centros comunitarios de salud mental, contribuye, en gran parte, al mantenimiento de esta realidad. Aunque es necesario contar con centros de internamiento para atender pacientes en crisis, no necesariamente vinculados a la psiquiatría. Es necesario contar con espacios de intervención psicoterapéutica.
El rol de la atención primaria en el ámbito de la salud mental es bastante limitado. La capacitación y/o formación (de pre-grado y post-grado) en temas de salud mental que recibe el personal de APS (profesionales médicos, enfermeros/as, entre otros) es escasa. Como consecuencia, la capacidad resolutiva es reducida y, en términos generales y con las debidas excepciones, no existen mecanismos consolidados, sistemáticos y viables de referencia y contra-referencia. Es evidente la falta de información sobre cuestiones de salud mental. En muchos casos los datos son inexistentes o de difícil acceso. Por otro lado, con algunas excepciones, la investigación en salud mental es también muy limitada.
Es necesario tomar en cuenta que no contamos con una política pública definida específicamente sobre salud mental que responda satisfactoriamente a las necesidades de la población, en la que se tome en cuenta a psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, tanatólogos, trabajadores sociales, enfermeras y otros profesionales ligados a la salud mental. Es urgente contar con un centro de internamiento para atender pacientes en crisis. También contar con los espacios para la atención primaria a pacientes ambulatorios (crónicos y agudos). Hay que hacer notar que los presupuestos dedicados a este rubro son sumamente limitados. En el presupuesto del INSABI, no se toma en cuenta la atención a la salud mental y tampoco corresponde a las necesidades más urgentes de este sector tan importante para la sociedad.
Los estratos superiores de la población mayor de 50 años, van creciendo a un promedio de cinco décimas por quinquenio (lo ancho de la pirámide demográfica va subiendo irremisiblemente cada quinquenio), lo cual representa una carga de atención a las personas adultas mayores en el mediano plazo que, si no se atiende desde ahora, después tendrá un costo presupuestario y, sobre todo, un costo social con repercusiones graves.
En estos estratos de población no sólo se presenta con mayor frecuencia el Alzheimer, y otras demencias seniles, sino una serie de neurosis, psicosis y trastornos mentales, difíciles de manejar por personal no especializado o por instituciones sociales de salud, públicas o privadas, que no cuentan con suficientes profesionales especializados en geriatría, médicos psiquiatras, especialistas en cuidados paliativos, tanatólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas con formación, enfermeras, paramédicos, talleristas, etc. y con espacios adecuados para su tratamiento.
La descentralización de los servicios de salud ha contribuido a ampliar la atención de algunas enfermedades, pero se dejó en un segundo término la prevención y la promoción de la salud mental que ahora, con la recentralización del INSABI encontrarán mayores obstáculos para su implementación.
No se aporta gran cosa con desdeñar un intento serio de universalizar la salud, que no sólo es un servicio, sino un derecho que hay que exigir a los gobiernos para que se cumpla cabalmente en todos los ámbitos y niveles, incluyendo la salud mental. Esta debe ser la verdadera exigencia de la sociedad civil, no solo la que se expresa a través de actitudes partidistas del gobierno local.
