FERNANDO CORZANTES / DEL BERRINCHE AL DESACATO

ENCUENTRO CIUDADANO

Los resultados de las elecciones federales del 1 de julio de 2018 dejaron a Morena no sólo con el triunfo en la presidencia, sino la mayoría en ambas cámaras legislativas, lo que convirtió a los partidos de oposición en reducidos bloques parlamentarios con poca fuerza de acción. De la desnutrida oposición partidista y parlamentaria, es la de Acción nacional la que se ha manifestado insistentemente en contra del gobierno federal haciendo berrinches y llegando al desacato a la ley.   Acción Nacional asume que su responsabilidad es el ser la primera fuerza de oposición al gobierno federal, tanto en el congreso como en el ámbito local. A pesar de que solo cuentan con el 19% del Senado de la República y el 15% en San Lázaro, el PAN insiste en que es el único que le puede hacer frente a Morena.  Pero no han traído todas consigo, ya que perdieron la gubernatura de Puebla por casi 10 puntos de diferencia, en el caso de Baja California, bastión panista durante 30 años fue ganada por Morena con un margen de 27 puntos.   Ante ello su estrategia ha sido hacer contrapeso con el gobierno a través de los nueve estados gobernados, aglutinándose en la asociación civil Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), organismo que busca integrar a los mandatarios estatales del PAN para hacer un contrapeso al gobierno federal.  Una de sus cabezas visibles es el gobernador de Querétaro y actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez Servién.   Se han hecho presentes y manifestado como un grupo: ante los abucheos que les propina la ciudadanía en sus eventos públicos, al rechazo de los delegados federales, al primer informe de gobierno, a la titular de Derechos humanos, en el rechazo al plan nacional de seguridad, al presupuesto 2020, al Insabi, etc., total es un grupo de mucho ruido y pocas nueces.  Al final de manera pragmática se alinean a las políticas federales debido a su fragilidad financiera (presupuestal), y de inversión y gasto público, ya que hay una realidad que marca su andar y que ajusta sus demandas o berrinches.   Según la investigación del portal Sin Embargo, el 80% del ingreso de los estados viene de la Federación, ya que lo que recaudan apenas es para mantenerse a flote.  La mayor parte del ingreso de los estados (entre el 80 y el 90%) proviene de las arcas del Gobierno federal, y la mayoría del gasto de los estados es para mantener su operación, y no para invertir, por ejemplo, en infraestructura pública o en proyectos que generen desarrollo económico y social.   En promedio, el 16% del dinero de los estados provino de ingresos propios. El resto fue otorgado por la Federación a través de aportaciones, convenios, financiamientos, participaciones y transferencias.

Así cada estado se gasta siete de cada 10 pesos en mantenerse en pie (gasto corriente), así como uno de cada 10 pesos en inversión (gasto capital) para mejorar sus condiciones. El resto del dinero (dos de cada 10 pesos gastados) fue para cubrir deudas y otros gastos fijos.   

Cifras recientes (2019) de la organización “México Cómo Vamos” indican que 30 de 32 entidades federativas, tienen un crecimiento económico por debajo de lo que necesitan. Asimismo refieren que 19 estados (el 59%) tienen una productividad inferior al adecuado, y que la deuda pública de 14 entidades federativas (44%) está por encima que el promedio nacional.   Querétaro se encuentra en la media nacional, por lo que requiere del apoyo federal para la realización de programas de impacto social, como son los de infraestructura, salud, etc.   Por ello no es raro que del berrinche pase a un acuerdo.  En el caso de Querétaro, para brindar atención médica gratuita en el primero y segundo niveles, el estado requiere 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales 3 mil 300 millones son aportados por la federación y mil 300 millones por el estado, a través del fondo mixto.

Por ello la rebelión de los gobernadores del PAN con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se desinfló con su propuesta de firmar un convenio de colaboración con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para otorgar atención médica gratuita “en el primer y segundo nivel” y transparentar los 40 mil millones de pesos que se destinaba al Seguro Popular.  Una vez más los Gobernadores de Acción Nacional se hicieron harakiri al aplicarse la ley de Herodes.

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