El gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció públicamente que su visa para ingresar a Estados Unidos se encuentra sujeta a una alerta amarilla que lo obliga a presentarse ante un consulado estadounidense para aclarar lo que calificó como un posible problema de homonimia (alguien más con el mismo nombre).
“Están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé (a EE.UU.)”, dijo a medios locales el mandatario estatal.
Villegas desmintió así que la administración de Donald Trump le haya cancelado el visado, aunque no explicó cuándo ocurrió dicha alerta amarilla tras ingresar a territorio estadounidense.
Aumenta el escrutinio sobre políticos mexicanos
Este anuncio ocurre en un contexto de endurecimiento en las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual ha iniciado una revisión exhaustiva y el retiro de permisos migratorios a diversos políticos, legisladores y funcionarios de diferentes partidos en México.
El fenómeno ha cobrado fuerza tras la reciente difusión, a partir de dudosas fuentes, de una extensa lista de figuras públicas de alto nivel, quienes han tenido que admitir la revocación o suspensión definitiva de sus documentos de viaje por parte de las autoridades norteamericanas, en semanas previas.
Entre los nombres más destacados y recientes que integran dicha lista se encuentran: los exgobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y de Oaxaca, Alejandro Murat; además de legisladores en funciones como el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y el senador zacatecano Ricardo Monreal.
Preocupan restricciones para agendas binacionales
La situación del mandatario duranguense refleja el ambiente de escrutinio que rodea a las clases políticas de las entidades del norte del país, donde la relación bilateral y el flujo fronterizo exigen una validación constante de los perfiles de los gobernantes en turno.
Las restricciones aplicadas por los consulados norteamericanos han encendido las alarmas en el Congreso mexicano, debido a que la cancelación de ingresos limita las agendas de trabajo binacionales, las misiones comerciales y las reuniones de mandatarios fronterizos.
Dentro de estas tensiones, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, exigió recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum que entregue al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos delictivos; una solicitud que la mandataria federal desestimó al calificarla como propaganda, en tanto que a nivel social se avivó el debate por la soberanía nacional y la injerencia de autoridades extranjeras en temas domésticos.
Washington mantiene reserva sobre casos individuales
El Departamento de Estado de la Unión Americana mantiene una política de no emitir declaraciones públicas sobre casos individuales de visado, por motivos de privacidad, lo que suele incrementar las especulaciones políticas sobre los motivos de fondo para cada sanción.
La situación de Esteban Villegas se suma a una larga lista de señalamientos, que sigue aumentando en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones diplomáticas y los mecanismos de control migratorio aplicados a los liderazgos políticos de la región.
