Gerardo Hernández

ZÓCALO

Espionaje selectivo

La reacción del presidente Peña Nieto al reportaje de The New York Times (TNYT) sobre el espionaje a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas, por parte de su gobierno, fue tardía y equívoca. No se trata de un desliz ocasional, sino de una falla de comunicación hacia dentro y hacia afuera de Los Pinos y del gabinete desde el principio del sexenio. Cada desatino se convierte en escándalo nacional con repercusiones en el mundo. Dos ejemplos: la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, y la “casa blanca” del Presidente y su esposa, descubierta en noviembre del mismo año. El Gobierno respondió con negligencia y desatino en ambos casos. En el de los estudiantes, la responsabilidad inicial no era de la administración federal, sino del municipio de Iguala y del estado de Guerrero. El vacío de información, las contradicciones y el ocultamiento de datos generaron una crisis de alcance internacional. La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República sobre la incineración de los 43 jóvenes fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El GIEI se retiró del país el año pasado sin concluir la tarea de situar el paradero de los normalistas, por la obstrucción del Gobierno. La investigación de Aristegui Noticias sobre la “casa blanca” también marcó la Presidencia de Peña Nieto y minó severamente su credibilidad. El tema escaló a la prensa de Estados Unidos y de Europa y afianzó la idea de México como país corrupto. La demostración de un caso de conflicto de interés irrefutable, pues la residencia se adquirió a un contratista conocido de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, brindaba la oportunidad de reparar la imagen presidencial y del país. Era el momento de corregir el rumbo y de reasumir el liderazgo. Sin embargo, se volvió a tomar la vía equivocada: nombrar a un empleado del Mandatario para investigar la operación con la consigna de cerrarla sin culpables. Cuando TNYT reveló que entre los objetivos del Gobierno figuran abogados de los normalistas de Ayotzinapa, la periodista Carmen Aristegui, su hijo Emilio y promotores de leyes anticorrupción como Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reacción no fue de sorpresa. El reportaje confirmó la sospecha de que el Gobierno siempre ha espiado, pero más ahora. Ya no sólo a terroristas y a delincuentes –condición del proveedor del sistema de espionaje–, sino a críticos del Gobierno y a quienes, supone, son un riesgo para el grupo en el poder. Meses después del reportaje sobre la “casa blanca”, Aristegui y su equipo fueron despedidos de MVS por suscribirse a la plataforma de MexicoLeaks sin consultarlo con la empresa. Ese fue el pretexto. Pedro Ferriz, otro crítico de Peña Nieto, renunció a Imagen Radio tras la filtración de conversaciones y videos con su presunta pareja sentimental. El 23 de mayo, una decena de organizaciones civiles abandonaron el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto. “El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el Gobierno”, denunciaron. El presidente Peña dice que su gobierno es “democrático” y “respeta y tolera las voces críticas”. La realidad, sin embargo, lo desmiente.

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